Acompañado por compañeros de militancia y de coalición, Hasier Arraiz declaró ayer en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por su intervención en una charla organizada en recuerdo de Santi Brouard y Josu Muguruza el pasado mes de noviembre. El coordinador nacional de Sortu sostuvo entonces que la izquierda abertzale acertó al apostar por la ruptura democrática cuando el Estado español se embarcó en el tránsito entre la dictadura y el posfranquismo, y su reflexión motivó una querella sobre la que ahora el instructor deberá decidir qué hacer. Si primaran la lógica y la cordura, el caso sería archivado, pero la presencia del parlamentario independentista en el Palacio de Justicia de Bilbo en calidad de imputado es síntoma del poco juicio que muestran a veces algunos jueces.

Al parecer, hay quien no acaba de explicarse que un cualificado militante de la izquierda abertzale defienda la elección estratégica que el movimiento que representa hizo hace 35 años, pero si bien cada cual es libre de «sorprenderse» con lo que le apetezca, lo que no es de recibo es que un dirigente político sea encausado por unas declaraciones políticas. Es asimismo inaudito que el magistrado Borja Iriarte haya mantenido activo este proceso en contra del criterio del fiscal y con el único impulso de un grupúsculo con afán de notoriedad, y sabiendo, como se sabe, que la polémica surgió de la tergiversación mediática de aquella intervención.

Con todo, la imputación de Arraiz es la más clara evidencia de que sus palabras eran acertadas. Además de su caso, la rueda de prensa que Juan María Atutxa y Gorka Knörr dieron en Bruselas, el juicio que se está celebrando contra cuatro gasteiztarras que denunciaron torturas o las movilizaciones convocadas por Kontseilua contra la injerencia de Madrid son ejemplos, todos del mismo día, de que el Estado español sigue sin hacer sus deberes democráticos. Y de que, por tanto, hoy como ayer, la ruptura es la única salida para este pueblo.