Iñaki IRIONDO

El Parlamento denuncia el proceso 35/02 por juzgar actividades legales

El Parlamento de Gasteiz denunció ayer el sumario 35/02, en el que se ha procesado a decenas de dirigentes de Batasuna, porque «no se busca juzgar hechos delictivos, sino castigar actividades políticas legales y legítimas». La Cámara también mostró su preocupación por «la vulneración de los derechos civiles y políticos». La propuesta partió de EH Bildu y contó con el apoyo del PNV, con lo que sumaron 48 de los 75 escaños. PSE, PP y UPyD votaron en contra.

Contundente rechazo del Parlamento de Gasteiz al llamado «juicio de las herrikos» que, tras cinco meses de vista oral, se encuentra en estos momentos en periodo de deliberaciones del tribunal y a la espera de que dicten sentencia.

La Cámara autonómica expresó ayer su «preocupación por las irregularidades que han quedado patentes en la investigación del sumario», al entender que «se han imputado delitos graves sin ningún tipo de prueba y se acusa a los imputados de hechos delictivos sin concretar y sin individualizar».

Por ello, «el Parlamento Vasco denuncia que por medio de este proceso no se busca juzgar hechos delictivos, sino castigar actividades políticas legales y legítimas». Al mismo tiempo, «expresa su preocupación por que se busque la imposición de una pena por encima del respeto de los principios fundamentales que informan el procedimiento penal y la vulneración de los derechos civiles y políticos».

Por último, el texto aprobado ayer sostiene que «ante el nuevo escenario, destaca la necesidad de pasar de las medidas, legislación y juzgados de excepción a unas normas ordinarias que los jueces naturales aplicarán en igualdad».

«Verdadero despropósito»

La propuesta partió de EH Bildu y que contó con el apoyo del PNV, cuya parlamentaria María Eugenia Arrizabalaga explicó desde la tribuna que «el sumario de las herriko tabernas es un verdadero despropósito». En total sumaron 48 de los 75 parlamentarios de la Cámara.

El proponente, Julen Arzuaga, arrancó su intervención hablando de «la prueba diabólica», proceso en el que en lugar de demostrarse la culpabilidad del imputado, es este el que debe probar su inocencia, lo que rompe con la lógica de un estado de derecho o democrático. El parlamentario de EH Bildu subrayó la necesidad de acabar con este tipo de procesos.

Por contra, desde las filas del PSE, Miren Gallastegi acusó a la coalición independentista de «aburrir a las ovejas» con este tipo de proposiciones no de ley. Añadiendo que este tipo de cuestiones no son un problema para la sociedad vasca, sino «para ETA y quienes le jalearon».

Nerea Llanos, del PP, incluyó a los imputados en el «holding criminal» que creo ETA, que «no son solo los comandos».

Tanto PSE como el PP defendieron el Estado de Derecho. Llanos acusó a EH Bildu de tratar de «ponerlo en solfa» con sus propuestas, mientras que Gallastegi sostenía que si realmente no había base para las acusaciones, los imputados serían absueltos.

Gorka Maneiro defendió el proceso, las ilegalizaciones e insistió en acusar a los procesados y también a EH Bildu.

Los procesados agradecen el acuerdo de la Cámara

Una representación de los procesados en el sumario acudió al Parlamento y, tras el debate, agradecieron tanto que se hubiera abordado el tema, como el acuerdo que calificaron de importante. Recordaron que ocho de ellos han sido parlamentarios. También sostuvieron que si este fuera un estado democrático, tanto Arnaldo Otegi como Rafa Díez Usabiaga serían probablemente parlamentarios, mientras que en la actualidad se encuentran en prisión. Frente a los argumentos de PSE y PP de que el proceso 35/02 se inscribe en la actuación del Estado de Derecho, afirmó Karmelo Landa que hay informes de organismos de la ONU que lo cuestionan en este caso. I.I.