El Congreso español vivió ayer una jornada histórica por el tema sometido a debate pero cuya trascendencia real probablemente no merece tal calificativo. Tres representantes del pueblo catalán, siguiendo el mandato del Parlament, defendieron el ejercicio del derecho a decidir de su nación en un hemiciclo mayoritariamente hostil a sus demandas, pero con la confianza de que nada de lo que se dijera o votara frenaría el proceso soberanista. Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera no acudieron a Madrid a pedir permiso, sino para transmitir el mensaje de que los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya han decidido construir su propio futuro sin que nadie les pueda convencer de lo contrario.

Seguramente se jugaba más en el envite el Estado español que la nación catalana. Puede decirse, de hecho, que quienes tomaron la palabra en teórica representación de los intereses estatales perdieron una doble oportunidad. Por un lado, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba dejaron escapar, con premeditación y alevosía, la enésima ocasión de orientar el régimen salido de la transición hacia posiciones democráticas. Que no se entiendan estas palabras en clave retórica, pues si algún futuro le queda a esa entidad política que llaman España, aun con una configuración territorial diferente, es convirtiéndose en una democracia homologable a la de sus pares europeos. Como cárcel de pue- blos y ciudadanos, con la fuerza como argumento, no tiene futuro y es cuestión de tiempo su colapso. Por otro lado, el veto del Congreso cierra la última puerta al entendimiento entre la parte catalana y la española y eso, aun cuando la miopía de los mandatarios españoles se lo impide ver, va en detrimento del Estado.

El representante de CiU lo dejó claro al poco de iniciarse la sesión, cuando afirmó que su país no se ha metido en ningún callejón sin salida sino en un camino sin retorno. La de ayer fue una etapa más, obligada quizá por los buenos modales pero no por la necesidad de legitimarse ante nadie. Catalunya ha levado anclas y desplegado sus velas, mientras Madrid se aferra a una legalidad que ya no persuade ni disuade a nadie.