La ministra de Cultura británica, Maria Miller, dimitió al revelarse que había cargado a las cuentas públicas la hipoteca de una casa en que vivían sus padres. «Maria Miller ha dimitido como ministra de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes», anunció la oficina del primer ministro, David Cameron. Termina así una semana de presión a Miller por parte no solo de la oposición laborista y de la prensa, sino también de sus correligionarios conservadores.

Pese a estas presiones, Cameron le había dado su apoyo, pero, en su carta de dimisión, Miller dijo que «me parece claro que la presente situación se ha convertido en una distracción del trabajo vital que el Gobierno está haciendo para transformar el país». Cameron señaló que estaba «triste» por la decisión, pero que la aceptaba. El caso se había convertido en un problema embarazoso para los conservadores, a un mes de las elecciones locales y europeas.

Miller se vio forzada a presentar la semana pasada disculpas al Parlamento por haber aportado poca información a la investigación sobre su caso. Pero lo hizo a regañadientes y en tan solo 31 segundos, lo que no hizo sino aumentar la ola de críticas.

Esa investigación independiente concluyó que Miller tenía que devolver 54.600 euros cobrados irregularmente, pero un comité parlamentario redujo la cantidad a 5.800 libras.

Más de 140.000 personas firmaron una solicitud en internet para que Miller dimitiera o devolviera la mayor parte. Según un sondeo, dos tercios de los miembros del Partido Conservador también querían que renunciase, inquietos por el impacto que el caso podía tener en las elecciones europeas de mayo. «Ya era hora», afirmó el diputado laborista John Mann, que fue el primero en acusar a Miller de abusar del erario.

Miller será reemplazada al frente del Ministerio de Cultura por Sajid Javid, secretario de Estado de Finanzas.

Entre 2009 y 2010, la mayoría de los diputados británicos se vieron salpicados por un escándalo sobre el abuso de sus gastos. El ministro de Educación, Michael Gove, subrayó que el caso de Miller debía servir de advertencia a la clase política sobre el hecho de que las prestaciones a los parlamentarios es un tema muy sensible.

Maria Miller, que se encargaba de poner en marcha un sistema de regulación de la prensa tras el caso de las escuchas telefónicas del «News of the World», señaló que esta tarea sería «controvertida» para la prensa, pero rechazó ser víctima de una «caza de brujas» por ello.