El debate del martes volvió a poner de manifiesto que ninguno de los dos principales partidos españoles, cuyo concurso siempre es necesario para conformar mayorías en el Congreso, está dispuesto a admitir que la sociedad catalana pueda decidir su porvenir sin injerencias. Por tanto, toda opción de acuerdo ha quedado cegada y, a partir de esta constatación, dar pábulo a un posible entendimiento, aunque sea por mantener las formas, puede resultar contraproducente, pues genera unas expectativas imposibles de cumplir. Así ocurre, por ejemplo, con el emplazamiento de Artur Mas a Mariano Rajoy a poner «día y hora» a un encuentro para abordar el proceso, inmediatamente desechado desde las filas del PP.

El president pretendía poner en valor su disposición al diálogo como réplica a una intervención de Alicia Sánchez-Camacho, pero este tipo de alardes solo sirven para enmarañar un proceso que debería centrarse exclusivamente en cómo se ejercita el derecho a decidir. Hasta el próximo mes de noviembre tanto PP como PSOE, o ambos partidos al alimón, van a intentar reconducir los términos del debate, y las formaciones catalanas harían bien en no enzarzarse en discusiones improductivas de las que no van a sacar ningún rédito.

Mas insistió ayer en su compromiso con el camino emprendido por la mayoría social de su país, y apostilló que estudiará todas las vías para celebrar la consulta, incluso apelando a los marcos legales internacionales. No cabe inferir de sus declaraciones que esté pre- parando una ciaboga, y es muy improbable que se produzca, pues supondría un descrédito histórico para él y para su partido. Pero precisamente por ese motivo, el líder de CiU debería abstraerse del ruido procedente de Madrid. No solo él, también sus compañeros de viaje. La sociedad catalana ya tiene fijada una fecha, el 9 de noviembre de 2014, y lo único que resta hasta entonces es poner todos los medios para garantizar que ese sea un día de fiesta, respeto y celebración democrática.