La portavoz foral, Larraitz Ugarte, afirmó en rueda de prensa que con los datos de que dispone de la reunión «parece que Kutxabank quiere enviar al exterior su capital, una parte de su actividad». «Es decir -añadió-, que los centros de decisión, en lugar de estar en Euskal Herria y ser unas cajas para la ciudadanía vasca, parece que van a obedecer a los intereses de otros bancos y a otros centros de decisión y que una parte de Kutxabank se va a destinar a esta vía».

Ugarte alertó asimismo de la posibilidad de que «una parte de Kutxabank puede ser vendida al exterior», algo que le «inquieta profundamente» porque su deseo es que se quede «aquí», algo para lo que, según dijo, la Diputación hará «todo lo que esté en su mano».

Por otra parte, en relación a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que exoneró a Kutxabank de pagar más de 21 millones a la Hacienda foral, anunció que la institución foral interpondrá un «incidente de nulidad».

Estos 21 millones, abonados por Kutxabank a la institución, que deberá restituirlos, están relacionados con las inversiones de la entidad financiera en Repsol entre los años 1997 y 2004 y correspondían al Impuesto de Sociedades de 2001 a 2005.

Con el incidente de nulidad, la Diputación apela «la posibilidad que permite la Ley Orgánica del Poder Judicial de que el mismo juzgado que ha dictado una resolución pueda declarar su nulidad».

La portavoz foral explicó que, a su entender, en este caso se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que considera justificado presentar este incidente de nulidad ante el TS antes de formalizar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional (TC) que sería el siguiente paso a dar por la institución foral.

Denuncia del Obispado

En relación a una eventual denuncia del Obispado por su decisión de no permitir que en la declaración de la renta se puedan marcar simultáneamente las casillas para destinar el 0,7% de la cuota a la Iglesia y a las organizaciones sociales, Ugarte declaró que no tendrá «ningún recorrido jurídico».

La portavoz dijo que la Diputación está «tranquila» porque, a su juicio, era necesario «diferenciar lo público de lo privado» mediante la inclusión de una tercera opción en las casillas del 0,7 % del IRPF a «fines gestionados por el sector público». «Nosotros queríamos reforzar la parte pública, no creemos que eso vaya a tener ningún recorrido jurídico, creíamos que esa casilla era necesaria», concluyó.