Si el derrumbe del complejo Rana Plaza, que causó la muerte de 1.138 personas a las afueras de Dacca, puso en evidencia las paupérrimas condiciones laborales y vitales que sufren las personas encargadas de confeccionar las prendas que se visten en occidente, el trato dispensado a las víctimas en estos doce meses constituye el ejemplo perfecto del cinismo que supuran algunos discursos políticamente correctos, como los que fueron confeccionados inmediatamente después de la tragedia de Bangladesh.

Porque los llamamientos a la solidaridad suscritos por entidades públicas y compañías privadas, entre ellas las vinculadas a aquel complejo textil, se han traducido en un fondo de apenas quince millones de dólares para compensar, si cabe utilizar este término, a quienes sufrieron pérdidas irreparables. Quince millones de los cuarenta que se habían previsto recaudar, un objetivo imposible si buena parte de las empresas que empleaban a las personas atrapadas por el desplome se niegan a cubrir su parte, tal como ha ocurrido. 640 dólares es la cantidad que han cobrado de momento los heridos y los familiares de los fallecidos, y los primeros pagos se produjeron anteayer, un día antes del aniversario. Buena parte de los supervivientes sufren heridas irreparables, otros no han vuelto a ser empleados y muchos son incapaces de alimentar a sus hijos, una realidad que algunos pretenden opacar con la misma facilidad que han acallado sus conciencias. Un año después, los bangladesíes siguen siendo los trabajadores textiles peor pagados del mundo; un año después, las principales firmas occidentales siguen elaborando sus productos en aquel país, en similares condiciones.

En este contexto, es una desfachatez que la Comisión Europea se limite a pedir progresos en materia laboral a Bangladesh cuando quienes incumplen los mínimos estándares en esa materia son multinacionales de capital europeo a las que Bruselas ha dejado y deja hacer a su antojo siempre que sea fuera de los límites de la UE.