El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo, además de poner fin a una injusticia cometida contra decenas de presos y presas vascas, fue un varapalo para la Justicia española, algunos de cuyos componentes acusaron el golpe y llegaron a cuestionar el seguidismo acrítico ejercido respecto a las políticas del Ejecutivo. En las fechas inmediatamente posteriores a la sentencia parecía que algo podía cambiar en los juzgados, sin embargo, estos han vuelto a poner de manifiesto su papel primordial en el engranaje del Estado contra Euskal Herria.

Con una mayoría claramente escorada hacia la derecha en ambas instancias judiciales, el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo y el Constitucional dictaminaron en contra del llamado doble cómputo de la prisión preventiva, cambiando el criterio que regía hasta entonces y posibilitando el estiramiento de hasta dos años de las condenas de numerosos presos. Se trata de una nueva interpretación legal a la que se ha sumado este mismo mes el Pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional, en lo que parece una maniobra concertada detrás de la cual también se vislumbra la mano del Gobierno. Los efectos de esta práctica, cuya esencia es similar a la doctrina derogada por el TEDH, ya han empezado a sentirlas algunos prisioneros, como el hernaniarra Sergio García Razkin, que habría quedado en libertad si no se hubiera producido ese cambio.

Esta vuelta de tuerca no ha estado exenta de debate entre los propios jueces, pues tal como sostienen en su voto particular dos magistrados de la Audiencia Nacional, contraviene el espíritu del fallo de Estrasburgo, que recuerda la irretroactividad de los cambios jurisprudenciales en caso de que perjudiquen al preso, como ocurre también en este caso. Con todo, debates al margen, el mensaje que los tribunales españoles transmiten a este pueblo es claro: apuesta por mantener la excepcionalidad y la razón de Estado como guía.