Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta, al igual que Rafa Díez, continuarán cautivos tras desestimar el Tribunal Constitucional (TC) la opción de excarcelarlos al haber superado las tres cuartas partes de la pena. La defensa de los cuatro primeros lo había requerido hace dos semanas, dado que es lo previsto en la legislación estatal, y la respuesta llegó ayer en la primera sesión de la reunión del Pleno que realiza periódicamente el TC. No hay resolución escrita por el momento, pero el sentido de la resolución fue adelantado.

Resulta práctica habitual que a los presos vascos se les deniegue la libertad condicional tras superar los dos tercios o tres cuartos de la condena previstos en la legislación. Así, en 2012 Etxerat cuantificaba en cerca de 140 el número de prisioneros que sufría este irregular encarcelamiento (se estima que ahora son menos, pero en todo caso más de un centenar). Sin embargo, en este tema se añade otra circunstancia agravante, que es la existencia de un recurso ante el propio Constitucional que está aceptado a trámite desde hace un año, y por tanto a la espera de resolución final.

Se desconoce cuándo habrá respuesta al fondo del asunto (el TC no tiene ningún plazo tope para ello), pero queda claro que, sea negativo o positivo, el fallo definitivo en el Estado español llegará cuando los acusados ya han superado el plazo legal de prisión. Otegi, Rodríguez, Zabaleta y Jacinto suman más de cuatro años y medio ininterrumpidamente entre rejas (1.667 días) con condenas firmes de seis años y medio en el caso del secretario general de Sortu y de seis en el de sus compañeros de iniciativa política.

En este último año el TC ha dejado pasar dos opciones legales claras de liberarlos. La primera fue hace justo doce meses, cuando les denegó la excarcelación cautelar a la espera de la resolución del recurso sobre el fondo del asunto, una vez que este ya había sido admitido a trámite. Y la segunda es esta de ahora, en que se añade el dato objetivo de que se han superado los tres cuartos de condena.

Se da la circunstancia añadida de que hace un año la Fiscalía instó al Tribunal Constitucional a que tomara su decisión final con la mayor celeridad posible, aludiendo a la situación de privación de libertad existente. Fue la propia Fiscalía General del Estado, dependiente directamente del Gobierno del PP, la que destacó esta voluntad en una nota de prensa. Poco después, fuentes del TC indicaron que así sería, pero pasado un año, y agotado más del 75% de la condena, sigue sin haber resolución.

Todo ello conlleva además una indudable carga de desafío a la comunidad internacional, dado el seguimiento que tiene el caso en el exterior y los apoyos constantes a la libertad de Otegi por parte de diferentes líderes (el último, el sudafricano Desmond Tutu, Nobel de la Paz y figura clave en el fin del apartheid). También reta a los tribunales europeos, a los que un eventual recurso les llegaría con la condena liquidada. Estrasburgo ya dio la razón a Otegi contra el Estado español en 2011 al anular la condena a un año por llamar a Juan Carlos de Borbón «jefe de los torturadores».