Un obrero del TAV murió porque les hacían destruir los explosivos tirándolos uno a uno al fuego
El ciudadano ucraniano Mykola Vyschenkyy resultó muerto y el búlgaro Dragomiv Yordanov gravemente herido el 9 de diciembre de 2010 por destruir el explosivo echando los cartuchos uno a uno al fuego desde unos seis metros cuando debían estar a cuatrocientos. Carecían de formación, nadie les dirigía y «se hacía siempre igual», según la declaración de Yordanov en un juzgado de Gasteiz a la que ha tenido acceso GARA.

El trabajador búlgaro Dragomiv Yordanov resultó gravemente herido el 9 de diciembre de 2010 por la explosión de los cartuchos que estaba destruyendo. Carecía de la formación necesaria para hacer ese trabajo, no estaba asistido por ningún técnico y la empresa para la que trabajaba en la obra pública de la «Y vasca», la subcontrata Hergon, tampoco estaba habilitada para la ejecución de las voladuras que realizaba, ni tenía un seguro que las cubriera. Los hechos ocurrieron en el tramo Legutio-Eskoriatza, dependiente de Adif y el Gobierno español.
Como consecuencia de la explosión, su compañero Mykola Vyschenkyy, de nacionalidad ucraniana, resultó muerto. Yordanov salió despedido varios metros, cayó de cabeza, sufrió fracturas, tiene roto el tímpano derecho, padeció múltiples heridas y todavía mantiene cuerpos extraños en los ojos. En total estuvo cinco días ingresado, 117 incapacitado y tardó en curar 419 días. Le han quedado secuelas en los oídos y en el olfato.
Declaración ante el juez
El 17 de marzo pasado Dragomiv Yordanov declaró ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Gasteiz. El testimonio, al que ha tenido acceso GARA, confirma y agrava lo expuesto ya por el propio Departamento de Industria del Gobierno de Lakua.
El trabajador búlgaro comenzó detallando que «no tenía carnet de artillero y era necesario para realizar la labor». Añadió que consiguió dicho documento «tres meses después del accidente».
Según su testimonio, «la destrucción de explosivos se hacía siempre igual e igualmente como se realizó el día del accidente». Y en todo el tiempo en el que estuvieron trabajando antes de aquel día «no hubo ningún superior que les dijera que así no se hacía la destrucción de explosivos».
Explicó en el juzgado que «en el momento de la explosión debían de estar separados del fuego 400 metros» pero, como siempre, «se encontraban a seis metros» de la hoguera y «el explosivo lo echaban al fuego de uno en uno». Añadió que «la forma correcta de destruirlo es poner una cama de paja, papel o cartón, separado cada cartucho uno del otro 10 centímetros y abierto y sin papel, cosa que no se hizo». Lo trágico es que «se enteró de todo lo anterior [la forma correcta de proceder] después del accidente».
El trabajador muerto y el herido habían sido contratados como encofradores y no disponían de la cualificación profesional obligatoria para trabajar con explosivos, según determinó en su día un informe elaborado por Industria.
Tampoco la empresa podía realizar labores que conllevaran el uso de explosivos. Hergon no constaba inscrita como habilitada para la ejecución de voladuras especiales, ni su póliza de responsabilidad civil incluía las voladuras u otros trabajos relacionados con estas.
De hecho, la evaluación de riesgos de Hergon aportada en su día no incluye el puesto de trabajo de artillero, que se añadió después del accidente y no está debidamente firmada.
EH Bildu denuncia un sobrecoste de 9 millones de Corsán
EH Bildu denunció ayer la existencia de un sobrecoste de 9,2 millones de euros que considera no justificados en el tramo Tolosa-Hernialde adjudicado a la empresa Corsán-Corviam, algunos de cuyos directivos han sido detenidos y procesados esta semana junto a cargos de Adif por inflar los precios de un tramo catalán del AVE.
El parlamentario Oskar Matute informó de que el tramo en cuestión, cuya ejecución corresponde al Gobierno de Lakua, fue «adjudicado por 104 millones de euros y que, al 77 por ciento de su ejecución, ya computaba por 118 millones de euros». «De ese desfase de 14 millones de euros -explicó Matute- sólo justifica en 1,5 millones de euros el incremento del IVA y en 2 millones el incremento del coste de los materiales. El resto, más de 9 millones de euros, son sin justificar».
La coalición soberanista pidió explicaciones a Lakua sobre este sobreprecio. En declaraciones a Efe, el viceconsejero de Transportes, Antonio Aiz, aseguró que esa elevación de los costes «está justificada a través de distintos informes», puesto que fue preciso realizar modificaciones del proyecto inicial.
Según el documento aprobado el 28 de mayo de 2013 por el Ejecutivo de Urkullu, fueron necesarias «diversas tareas de talas y replantaciones, saneos y rellenos de canteras, acopios, muros de escolleras, instalación de mallas de reafirmación de terrenos o colocaciones de mallas dinámica».
El problema reside en que es precisamente el tramo de Corsán el que más sobrecoste presenta y que necesita de la autorización de Adif, como ocurrió en Catalunya. I.I.

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