La red europea del colectivo de economistas críticos [European Progressive Economist Network (www.euro-pen.net)] ha elaborado un manifiesto cuya difusión está siendo promovida por diversas personalidades de toda Europa. Su título es «Otro camino para Europa», uno de sus apartados reza: «Las decisiones de política económica deben estar de nuevo en el terreno de los procesos democráticos. Tenemos que impedir a los banqueros, los tecnócratas y los grandes lobbies empresariales tomar decisiones que nos afectan a todos/as. La democracia debe ser restaurada a todos los niveles en Europa, con mayor control parlamentario y mayor participación ciudadana en las decisiones sobre el bien común. Como respuesta a la crisis, el alcance de la acción pública debe ampliarse a las actividades económicas, incluidas las finanzas, la reconstrucción productiva y los servicios públicos».

Violentando el párrafo anterior, tenemos la actitud que adoptaron en nuestro entorno los ejecutivos de Kutxabank, señores Fernández e Iturbe, ante los requerimientos de comparecencia del Parlamento Vasco y las Juntas Generales de Gipuzkoa, respectivamente.

Mario Fernández remitió, en abril de este año, a la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara vasca un escrito en el que «recuerda que Kutxabank es una entidad financiera de carácter privado, supervisada por el Banco de España y, a partir de noviembre, por el Banco Central Europeo». Asimismo, señala que «no procede» su comparecencia y que las decisiones que adopte Kutxabank para adaptarse a la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias las dará a conocer en los órganos de las Fundaciones Bancarias.

¿Adaptarse a la ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias? ¿Kutxabank? Pero Mario, si es una Sociedad Anónima se deberá adaptar en todo caso a la Ley de Sociedades de Capital ¿no? Y además serán las asambleas generales de las tres Cajas las que deban dar su visto bueno previo a su conversión en fundaciones bancarias, luego ahí es donde deberíais justificar el porqué de la misma ¿no? ¿Es este el «rigor» con el que habitualmente hablas, escudado en rotundas afirmaciones de «obligado cumplimiento» envueltas, eso sí, en lenguaje «técnico» y alambicado?

En mi parecer son más bien interpretaciones interesadas tendentes a justificar una decisión tomada el año 2009, transformar las cajas vascas en un banco comercial que responda a una estructura accionarial de propiedad distribuida entre distintos participes.

Este tipo de excusas fue también argüido por el presidente de Kutxa, tenedora del 32% del capital de Kutxabank, cuando en mayo de 2013 se negó a comparecer ante las Juntas Generales de Gipuzkoa para informar de su política referente a los procesos de desahucio aduciendo que «Kutxabank es una entidad financiera de carácter privado sometida a la supervisión del Banco de España, por lo que la información solicitada no puede ser aportada ni por Kutxa ni por el presidente del consejo de administración».

¿Por qué no nos tenéis un poco de respeto a la ciudadanía? Lo que tantas veces exigís para con vosotros rara vez lo aplicáis al ciudadano o como en este caso a sus órganos representativos.

Almudena Grandes escribía un artículo al respecto del que entresaco un párrafo: «Faltamos al respeto que debemos a nuestros semejantes si les menospreciamos, si les ignoramos, si actuamos como si no existieran. Al incumplir un compromiso, cuando se engaña o se pretende engañar a los demás, y al escurrir el bulto de las responsabilidades que deberían asumirse». Almudena se refiere a quienes, como vosotros, vivís en y del marco clientelar-extractivo que nos ha llevado, por mor de vuestra incompetencia e interés, a una situación cada vez más preocupante y de difícil superación.

Las Cajas no tienen propietarios. Se trata de entidades de carácter social, mutualista, promovidas en su origen con una finalidad de fomento del ahorro popular, de concesión de crédito a las clases menos pudientes, de realización y soporte de actividades benéfico asistenciales, en definitiva por revertir un «dividendo social» al territorio donde radica.

Cercanía, arraigo a un determinado territorio, inclusión financiera, fin social, son todos ellos términos que aparecen en cualquier caracterización de las mismas, sin embargo, como entidades de crédito han desaparecido prácticamente del panorama bancario español. Las 45 existentes en 2008 han quedado concentradas en cinco grupos, únicamente las dos más pequeñas son enmarcables como cajas en la nueva ley.

Esta concentración provoca los dos primeros efectos del proceso de bancarización que el lector puede juzgar si los detecta en la actual dinámica de Kutxabank.

El primero, que la red de oficinas será menor (en número, en horarios de atención personal, creciente presencia de máquinas...), puesto que se ajustará a su rentabilidad económica, sin tener en cuenta la rentabilidad social de la cercanía y del conocimiento y atención personal. La cuenta de resultados no puede verse «perjudicada», ello conducirá a mantener únicamente aquellas oficinas que sean «rentables» bajo criterios economicistas.

En segundo lugar, los productos financieros estarán concebidos con un carácter global y masivo (obtención de economías de escala le llaman) poco adaptados por tanto a cada situación particular. Esto es especialmente preocupante para los clientes-impositores con necesidades específicas, como trabajadores autónomos, comercio y distribución, transporte, pequeña y mediana empresa.

¿Y qué decir del ciudadano medio necesitado de financiación pero carente de garantías de índole patrimonial?, ¿ante quién va a exponer sus necesidades e inquietudes? Es decir, se dice, se legisla, se actúa, en el sentido de desmontar el actual sistema de cajas de ahorro, pero se omite lo principal: cómo atender a las capas de la sociedad a las que las cajas de ahorros han venido prestando históricamente sus servicios y atención.

Y, por si no fuera suficiente lo ya mencionado, la entrada de capital privado mediante ampliación de capital solo persigue la mejora de la solvencia de la entidad. Pero ello no garantiza en modo alguno la financiación de la economía real. Se persigue destinar estos recursos como aval para entrar en otro tipo de negocio de mayor riesgo y por tanto de mayor rentabilidad hipotética.

La especulación con la deuda pública (carry trade) ha sido mencionada como futura área de negocio por la gerencia de Kutxabank. La adquisición de tamaño mediante compra de otras entidades tampoco ha sido abandonada, a pesar de los «aportes» de la aún por explicar «inversión-compra» de Cajasur.

La inversión de recursos en montajes cuestionables como SAREB (gestor de activos tóxicos), la participación en refinanciaciones de deudas multimillonarias de empresas sistémicas para el estado (FCC, El Corte Inglés), la participación en jugadas del monopoly político del estado (Deoleo-Arias Cañete), colman de satisfacción a una gerencia que, apoyada por el sistema político (PNV-PP-PSOE), desea jugar en «división de honor bancaria».

Como ciudadanos socialmente responsables, hemos de defender la conservación de las cajas de ahorro siempre que mantengan una práctica acorde a sus principios fundacionales. Su presencia evitaría la consolidación de un sistema bancario de índole oligopolístico, en el que cinco o seis entidades se repartirían la práctica totalidad del mercado provocando falta de competencia y exclusión social de los segmentos de población no «rentables».

Los ciudadanos tenemos poder suficiente para paralizar estos procesos de privatización de las Cajas. Nosotros somos los dueños de sus recursos (ahorros), así que podemos expresar nuestro rechazo recurriendo a actuaciones de denuncia pacífica pero rotunda: sacando nuestros depósitos, manifestándonos ante las sucursales, reivindicando la vuelta de nuestros interlocutores de siempre ahora postergados en beneficio de «meritorios» temporales, acudiendo en días concretos a solicitar información sobre la institución, sobre sus órganos de dirección, sobre si se posee alguna sucursal en paraísos fiscales o si se realizan inversiones en armas o en negocios que especulan con el precio de los alimentos, con la propiedad del agua..

Y también reclamando una Ley de responsabilidad financiera que ponga a los banqueros ante el espejo de sus actuaciones y comportamientos, que les impida actuar por encima o al margen de las instituciones representativas (como sucede en los dos casos que he mencionado al principio del artículo), y en suma, que ponga las finanzas al servicio de las personas y de garantizar el futuro sostenible de nuestro País.