EDITORIALA
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Con el dinero público no se puede especular

El exalcalde de Eguesibar, Josetxo Andia, se sentó ayer en el banquillo para ser juzgado por la compra de participaciones preferentes de Caixa Catalunya a cargo de los presupuestos de la sociedad pública Andacelay. Los hechos se produjeron en marzo de 2011, cuando la entidad dependiente del Ayuntamiento y dirigida por el primer edil adquirió cien preferentes por valor de unos 100.000 euros, siendo el imputado trabajador en excedencia de la institución bancaria, que lleva años sobre el alambre de la quiebra. Andia defendió la honradez de sus actos alegando desconocimiento, aunque el instructor vio indicios de prevaricación administrativa, malversación, fraude y delitos societarios.

Incluso en la interpretación más favorable al imputado, la operación destila una opacidad inaceptable por parte de un cargo público. Una turbiedad cuyo principal exponente es la decisión de no informar al consejo de la sociedad sobre la operación financiera, una actitud cuando menos controvertida que Andia zanjó alegando que tenía facultades para llevar a cabo la compra sin dar cuenta de ello. Quizá las tuviera, pero en tal caso lo que no puede argumentar ahora es que no sabía que se trataba de una maniobra «arriesgada» e «imprudente». Las facultades, no solo legales sino también técnicas, se tienen o no se tienen, y si el el exalcalde las tenía, habrá que concluir que hizo lo que hizo con conocimiento de sus consecuencias. Y si no las tenía, actuó de forma indebida y sin la diligencia exigible en la gestión de unos fondos públicos. En cualquier caso, procedió de manera incorrecta, aunque será el tribunal el que dilucide el alcance delictivo de los hechos.

Andia afirma que él no ha especulado nunca, cuando ha sido precisamente eso lo que ha hecho. Se trata de un proceder que no es nuevo en este país, pues en los últimos años han salido a la luz otras operaciones financieras ejecutadas con fondos públicos. Preferentes, swaps... algunos políticos han jugado a especuladores con el dinero de los contribuyentes, y eso es inadmisible. La ciudadanía no quiere que a su dinero le saquen «rentabilidad», sino que sea gestionado con honradez.