Militarización, cooptación de las instituciones por parte del narcotráfico, feminicidio, jóvenes descuartizados, una elevada tasa de desempleo... es la cruda realidad que describe la reportera Mirian Huezo de su país, Honduras, cuya población asistió en 2008 a lo que se denominó «golpe técnico» contra el presidente Manuel Zelaya. Pero, aquel golpe de Estado encubierto supuso el renacer de una conciencia social, según Huezo.

¿Qué supuso el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2008?

A raíz del golpe de Estado, la población abrió los ojos sobre quiénes son los verdaderos dueños del país. La gente tiene ahora un mayor nivel de conciencia; antes era muy indiferente a lo que ocurría en el país. Cuando ocurrió el golpe, nadie sabía lo que estaba sucediendo; solo se veía el sobrevuelo de helicópteros y aviones, y militares en las calles. Cuando ya tomó cuerpo, mucha gente de los departamentos y de las comunidades vinieron a la capital a protestar y a exigir soberanía. La ciudadanía se mantuvo durante seis meses en la calle manifestándose, marchando y organizándose. Y, poco a poco, fueron quedando al descubierto las mentiras. En un primer momento, dijeron que el presidente Manuel Zelaya, en calidad de jefe de Estado, había remitido una carta al Congreso Nacional renunciando a la presidencia por enfermedad de su madre y que nombraba a un sucesor, cuando en realidad lo habían sacado de su casa en pijama. Además, en Honduras, no existe la sucesión constitucional excepto en caso de muerte.

¿Cómo lo vivió?

Una semana antes se hablaba en los medios sobre la posibilidad de un «golpe técnico». Pero, los hondureños no pensábamos que algo así fuera posible. A lo largo de su mandato, Zelaya se fue acercando al fallecido presidente Hugo Chávez, se adhirió al ALBA, subió el salario mínimo y adoptó otra serie de medidas como la obligación de subvencionar el pago de la factura eléctrica, que por lo general es alta, o la compra medicamentos genéricos en detrimento del monopolio de las grandes farmacéuticas. Estas medidas no gustaron en ciertos sectores y el ambiente político se tensionó. Los principales medios, cuyos dueños también lo son del país, comenzaron a presentar a Zelaya como una persona que estaba conduciendo a Honduras al comunismo y que quería perpetuarse en el poder. El de «Mel» representaba un Gobierno diferente, de ahí la indignación e incertidumbre de la gente. No sabíamos qué iba a pasar ni qué hacer. Desde entonces, muchos líderes del Frente de Resistencia Popular y de su brazo político LIBRE han sido perseguidos y asesinados; la lista asciende ya a 200. Han matado a 40 periodistas. Con el actual Gobierno de Juan Orlando Hernández asistimos a una creciente militarización de las calles; los jóvenes están siendo ajusticiados como parte de una especie de limpieza social; el presidente se desplaza de su casa al Palacio presidencial en helicóptero y ahora quiere comprarse un avión que vale 30 millones de dólares. Vaya a donde vaya, le acompaña un amplio séquito de militares como si estuviéramos en guerra. Recuerdo una entrevista que realizamos a un dirigente popular en la que se preguntaba de qué se asustaba la gente si en Honduras cada cuatro años hay un golpe de Estado. En mi caso, trabajar como comunicadora social representa en sí un riesgo. Los teléfonos están intervenidos, no puedes hacer un trabajo transparente ni andar tranquilamente como lo hacen ustedes. A partir de las 18.00 debes estar en casa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de condenar las muertes violentas de niños y adolescentes, instando al Gobierno a que investigue los hechos y aplique las sanciones. ¿Qué está pasando?

Aunque las maras y el narco son una realidad porque Honduras es un país de paso, muchos de los jóvenes muertos son líderes del partido LIBRE. La aparición de jóvenes descuartizados en sacos, tirados al río o a basureros se ha convertido en algo habitual. A otros se los llevan a comisaría sin tener antecedentes y, casualmente, a la salida los matan. Las autoridades siempre se escudan en las maras y en las pandillas. Mira, en mi mismo barrio en Tegucigalpa, durante una celebración por el Día del Padre, llegaron unos tipos encapuchados, con chalecos antibalas y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los jóvenes, matando a cinco personas. Hicieron un montaje diciendo que habían obtenido muestras de ADN de los autores y que éstos pertenecían a las maras, pero los integrantes de éstas nunca van encapuchados ni con chalecos antibalas y, mucho menos, en coches blindados. Honduras es un país joven y una gran parte de esa juventud desea impulsar un profundo cambio. Y eso no gusta.

¿Hasta dónde llega la infiltración del narcotráfico?

Como ocurre en los países vecinos, es evidente la cooptación de jueces y fiscales. Estados Unidos tiene las manos bien metidas. Se supone que colabora con el Gobierno hondureño para evitar el tránsito de avionetas, pero desde nuestra casa escucho habitualmente el ruido de avionetas a la una de la madrugada cuando se supone que el aeropuerto cierra sus puertas a las diez de la noche. Al presidente Zelaya lo acusaban de que había muchas narco avionetas y que Honduras era un narco Estado dependiente de Venezuela. En Honduras, el Gobierno ha instaurado las llamadas «ciudades modelo», que se traducen en una cesión del territorio nacional por un periodo de 99 años a empresas nacionales. Es decir, el Estado renuncia a una parte de su soberanía nacional. En La Mosquitia -ubicada en el oriente del país, en el departamento de Gracias a Dios-, por ejemplo el narcotráfico ha comprado al alcalde y a la Policía local. Los narcos pasan por los controles militares en la Costa Caribe sin problema en sus carros blindados y con cristales polarizados. Y eso que los militares están equipados con ametralladoras AK-47. Manejan mucho dinero y, además, tienen vínculos con los carteles colombianos y mexicanos.

La elevada tasa de feminicidio también resulta alarmante.

Las organizaciones feministas presentaron un proyecto de ley para castigar el feminicidio, porque este término no aparece como tal en las leyes ni en el Código Penal. Obviamente, no fue aprobado. Están, incluso, quitando la personería jurídica a las organizaciones feministas que investigan este fenómeno. Los números son alarmantes; 612 mujeres muertas en 2013, cuando en 2009, fueron cerca de 170. La creciente militarización de la sociedad desde el golpe de Estado ha influido en este dramático aumento. Tres días después de que Porfirio Lobo asumiera la presidencia el 27 de enero de 2010, a cinco meses del golpe, llegó el expresidente colombiano Alvaro Uribe y en tres horas ambos mandatarios firmaron un convenio de colaboración para luchar contra el narcotráfico y el «terrorismo». A partir de ese momento, empezaron a llegar oficiales y militares de Colombia para capacitar a los cuerpos policiales y militares hondureños, reemplazando en cierta medida a los asesores norteamericanos. Están militarizando a toda la sociedad con nuevos comandos mixtos entre policías y militares; comandos tigres, comandos cobra, comandos jungla compuestos por 1.500 militares armados hasta los dientes y entrenados para saltar desde helicópteros a campamentos guerrilleros, pero se da la paradoja de que en Honduras no hay guerrillas y menos estamos en guerra. El Ejército está en cada esquina y eso genera una situación de gran zozobra. Con el constante goteo de jóvenes asesinados, mujeres descuartizadas... están trasladando a la sociedad el mensaje de que deben seguir con la militarización como mecanismo de protección. El elevado desempleo y la ausencia total de derechos sociales y de coberturas sanitarias están empujando a jóvenes, mujeres, madres solteras... a traficar con droga como forma de sobrevivir. La propia situación socioeconómica del país los convierte en presas fáciles de los carteles. Y en ese mundo es muy fácil enemistarse con alguien. Ni las organizaciones de mujeres se atreven a investigar a fondo el feminicidio; se limitan a presentar estadísticas.