EDITORIALA
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Ley del Aborto: ¿rectificación?

Eel presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, daba ayer por buenas las informaciones según las cuales el Gobierno español retirará la reforma de la Ley del Aborto, lo que ese Gobierno ni ha confirmado ni ha desmentido. Según Sémper, «al parecer» el Ejecutivo de Rajoy es proclive a «no impulsar» el proyecto de ley que el ministro de Justicia había asegurado que se aprobaría antes de otoño, y aplaudía esa intención porque, decía, «un buen Gobierno también es aquel que sabe rectificar». Está por ver el alcance de dicha rectificación, si consiste en retirar la reforma de la ley, en modificarla o, simplemente, aparcarla en espera de tiempos más propicios para su aprobación. Por ejemplo, después de las próximas citas electorales en las que el PP ve muy difícil reeditar su mayoría absoluta.

El PP se encuentra solo con su ley, y con la oposición frontal de todo el arco político; sin embargo, ello no suele ser óbice para un partido propenso y acostumbrado a utilizar el «rodillo» parlamentario. La inexistencia de consenso en torno a esa ley o a otras medidas nunca ha sido un obstáculo para él. Mayores quebraderos de cabeza le causa la oposición interna, incluso en el seno del propio Gobierno. Con todo, la proximidad electoral parece un factor más decisivo en ese posible cambio de criterio de quien tan a menudo utiliza la mayoría absoluta en el parlamento sin voluntad de consenso alguna. Curiosamente, lo suele hacer en nombre y, según asegura, en interés de la mayoría de los ciudadanos. Claro que precisamente la reforma de la Ley del Aborto es una de las causas por la que muchos de sus votantes le darían la espalda. En palabras de Sémper, no genera unanimidad ni mucha ilusión.

La legislación sobre el aborto, más que generar ilusión, debe servir a quienes va dirigida, es decir, a las mujeres. Y la reforma de Ruiz-Gallardón afecta plena y negativamente a sus derechos elementales, como son su libertad y su salud. Lo más triste es que se legisle y se gobierne por intereses ajenos a la ciudadanía, y que la coherencia de un Gobierno o de un partido y sus «rectificaciones» se circunscriban al cálculo electoral.