El juicio de faltas que tuvo lugar ayer en Iruñea contra tres personas por realizar pintadas para anunciar el 20 aniversario del antiguo gaztetxe Euskal Jai se convirtió ayer en una denuncia de la criminalización del movimiento por la ocupación.

Los tres encausados y el público que asistió al juicio se presentaron en la Audiencia portando indumentaria playera y con camisetas con el lema «Maya no quiere playa».

Junto a ello, denunciaron que, probablemente, también tengan que enfrentarse a otro juicio quienes participaron en el chapuzón popular que tuvo lugar el 1o de mayo en el Aquavox para conmemorar el 20 aniversario de la ocupación del frontón Euskal Jai, en Alde Zaharra de Iruñea.

El juez suspendió la sesión de ayer porque uno de los encausados comenzó su intervención en euskara y no había traductor. Las personas juzgadas se negaron a declarar por no reconocer legitimidad a la Audiencia de Iruñea para juzgar los hechos.

En el alegato final, los acusados denunciaron que «mientras quienes destruyeron el Euskal Jai, los que se enriquecen con la especulación inmobiliaria y los bancos que desahucian a las personas más desposeidas permanecen sin castigo, las personas que lo defendieron y siguen reivindicando la ocupación están condenadas a pasar por los tribunales».

Además, criticaron que una jornada festivo-reivindicativa que contaba con el apoyo del barrio haya provocado que tres personas tengan una causa abierta y que probablemente se juzgue a otras.

Denunciaron, asimismo, la criminalización que padece el movimiento popular mediante la imposición de cuantiosas multas.

La fiscal solicitó seis días de localización permanente o arresto domiciliario, así como el pago de las costas de la limpieza de las pintadas, que asciende a 624,25 euros.

La defensa pidió la libre absolución de los encausados, ya que no ha quedado suficientemente acreditada su participación en los hechos