EDITORIALA
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Una investigación cara y a costa de la familia

La muerte de Iñigo Cabacas fue un hecho extremadamente grave que exigía una actitud inequívoca y diligente de la Ertzaintza y sus responsables políticos de cara al esclarecimiento del caso. No solo no ha existido esa actitud, sino que esos responsables han contribuido a la lentitud con que la instrucción se está desarrollando, como recientemente ha reconocido el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro. Pero no son esos los únicos impedimentos con los que la acusación particular se ha topado, sino que también la Sección 6ª de la Audiencia de Bizkaia parece querer dejar claro que la investigación tiene unos límites que no incluyen las posibles responsabilidades de la jerarquía de la Ertzaintza que el pasado lunes apuntó Calparsoro, sino únicamente averiguar la identidad del autor del disparo que causó la muerte de Cabacas. Algo para lo que la declaración de quien estaba al frente de la Ertzaintza en Bilbo cuando ocurrieron los hechos y la información acerca de las órdenes de los mandos policiales solicitadas por la acusación particular resultan, en cualquier caso, más que relevantes.

Este nuevo revés a la familia del joven basauriarra va acompañado, además, de una exigencia de la Audiencia de Bizkaia inusual y de dudosa legalidad, como es obligar a la familia a pagar las costas por recurrir decisiones de la jueza. Ciertamente, la imposición de las costas al querellante solo es procedente, según el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando existe «temeridad y mala fe», extremo descartable y que tampoco el auto desestimatorio del recurso siquiera menciona. No es baladí que el Juzgado muestre de esa manera su decisión de acotar la investigación, advirtiendo de que el intento de abordarla con todas sus consecuencias tiene un precio económico... para la familia.

Otro mazazo a una familia que a su desgracia ha visto sumarse una serie de graves despropósitos tales como una versión oficial demostradamente falsa, ocultamiento de información con respaldo de los responsables políticos y ahora este sorprendente mensaje judicial.