Agustín GOIKOETXEA BILBO

Sondika desembolsará más de un millón de euros por conceder una licencia ilegal

El Consistorio de Sondika desembolsará más de un millón de euros por conceder una licencia para edificar una vivienda que el TSJPV calificó de ilegal. Ahora, asume una responsabilidad patrimonial que no está clara.

El Pleno de Sondika aprobó el 4 de julio -con los votos a favor del PNV, la oposición de EH Bildu y la abstención de PSE y PP- reconocer la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento cuando se proceda al derribo, tal y como establece una sentencia judicial en firme, del nº 39 de Aresti, justo enfrente del edificio consistorial. El Gobierno municipal apoya que, con carácter previo a la demolición, se pongan a disposición de los propietarios, sin contraprestación alguna, dos viviendas, además de hacerse cargo de la hipoteca de las familias y comprarles el terreno.

EH Bildu estima que la operación costará a las arcas públicas «casi un millón y medio de euros» (el presupuesto municipal de 2014 ha sido ligeramente superior a 4,9 millones). Para la coalición, el PNV intenta «encubrir» la mala gestión, con el agravante de que, según un informe de la secretaria municipal, aún no está definida con exactitud la responsabilidad patrimonial del Consistorio.

Fue en marzo de 2006 cuando el alcalde, el jeltzale Gorka Carro, concedió la licencia de obras, con tan solo 1.600 metros cuadrados donde deberían ser 2.000 para una vivienda unifamiliar, sin aplicar la normativa vigente para los núcleos rurales. Desde 2001, los sucesivos propietarios habían pretendido edificar, con algún que otro encontronazo con el Consistorio al no cumplir la ley. A raíz de que se otorgara el permiso, una denuncia vecinal acabó en los juzgados y, en octubre de 2010, el TSJPV dictó una sentencia firme declarando «ilegal» la licencia concedida y ordenando el derribo. Se recriminó en la sentencia que «no se comprobó correctamente la superficie del terreno, dando como buenos los metros facilitados por el constructor».

No se ejecutó la resolución judicial y ya en 2011 el alcalde impulsó el Avance de las Normas Subsidiarias, «que tenía en un cajón guardado desde 2006, en el que propone en un Plan General aprobar -explica EH Bildu- otras condiciones que permiten construir viviendas unifamiliares con un mínimo de 1.000 metros cuadrados para los núcleos rurales». En enero de 2012, con el apoyo de PNV y PP, y la abstención de EH Bildu y PSE, se acordó la ejecución de la sentencia, lo que lleva a los propietarios a pedir una indemnización de 1,5 millones «por los perjuicios causados».

La secretaria apuntó a que en la sentencia no hay una declaración de responsabilidad y, con ese informe, el Ayuntamiento rechazó la indemnización. En 2013, el Consistorio pidió que se suspendiera la ejecución del fallo judicial, lo que el TSJPV desestimó y obligó al primer edil a contratar a un técnico para redactar el proyecto de derribo.

A principios de este año, los propietarios demandaron una indemnización, que fue rechazada aunque sorpresivamente, según denuncia la coalición, el PNV aprobó que se resarciese a los afectados a costa de las arcas municipales. EH Bildu pide que «alguien asuma su responsabilidad en esta nefasta gestión».