Ni siquiera pudieron comenzar. La detención de Amaia Izko, Eukene Jauregi y Haizea Ziluaga, abogadas de 19 de los 35 militantes independentistas que ayer tenían que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional española obligó a la sala a posponer el comienzo de la vista del macrosumario 04/08 hasta el momento en el que se aclare la situación procesal de las letradas. Poco más de una hora después de las 10 de la mañana, momento en el que estaba previsto que se iniciase el juicio, el tribunal optaba por aplazarlo sine die. Los imputados rechazaron cambiar de asistencia letrada en el instante previo a comenzar la vista oral y la sala, presidida por la magistrada Concepción Espejel, optó por no dar inicio a la vista y aguardar hasta saber qué ocurre con las abogadas. De este modo, los imputados pudieron regresar a Euskal Herria antes de lo previsto, a la espera de conocer más noticias sobre las abogadas detenidas.

«Si condiciones de persecución política ya eran denunciables, la detención de la defensa de los imputados pone de relevancia la motivación política del sumario». Pernando Barrena denunciaba la «indefensión» en la que quedaban minutos antes de entrar en la sede de la Audiencia Nacional española en San Fernando de Henares. Los 35 imputados se colocaron tras una pancarta naranja con el lema «Libre» y denunciaron tanto el carácter político del juicio como el nuevo operativo, que les había sorprendido en el hotel, donde fueron arrestadas las tres letradas. «Detrás hay un ánimo muy claro: seguir castigando la solidaridad con los presos vascos», alertó Barrena.

Las detenciones hacían pensar que el juicio no se iba a celebrar. Sin embargo, era la sala (compuesta, además de por Espejel, por Ricardo de Prada y Julio de Diego) la que tenía la última palabra. Tras una primera consulta de los abogados que no habían sido detenidos (Iñigo Iruin, Jone Goirizelaia y Urko Araiz), el tribunal convocó a los 19 imputados cuyos letrados permanecían en manos de la Guardia Civil. Les preguntó uno a uno si querían cambiar de abogado, a lo que respondieron negativamente.

Sin vista pública

En un primer momento, el fiscal, Vicente González Mota, llegó a plantear la posibilidad de que el juicio comenzase con los acusados que sí que tenían letrado o que estos asumiesen la defensa de todos los imputados. Unos planteamientos que no fueron bien acogidos por los encausados, que insistieron en declarar con sus letrados de confianza. Ante esta circunstancia, la sala optó por el aplazamiento. De hecho, ni siquiera se abrió vista pública, por lo que, técnicamente, el juicio no se ha iniciado todavía.

Una vez que la sala ya había tomado la decisión de posponer el comienzo, Jone Goirizelaia realizó una primera valoración de urgencia en la que reivindicó el papel de sus compañeros en la defensa de encausados y presos políticos vascos. Además, recordó que algunas de sus iniciativas, como el recurso contra la denominada «doctrina Parot», han logrado «poner en jaque» las políticas del Estado. Ahora toca saber qué ocurre con los letrados y, luego, esperar a que la sala segunda de la Audiencia Nacional fije una nueva fecha para un juicio político que se alargará hasta junio.