Si no tuviese consecuencias trágicas, si no fuese real y si no se inscribiese en una agenda para bloquear los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera en Euskal Herria; es decir, si no tuviese consecuencias reales sobre personas y en la situación política del país, la última operación del Estado español contra abogados vascos sería simplemente una farsa. La teatralidad que despliega el Estado español en tierras vascas para demostrar su fuerza es chabacana, grosera, burda. Para empezar porque su fuerza debería ser evidente, no deberían alardear de ella. Pero su problema no es la fuerza, es la razón o, mejor dicho, su falta de razones, su indigencia democrática. Su razón de Estado, la que ha utilizado para ejercer la guerra sucia, la tortura, las detenciones masivas o los juicios políticos, lo deslegitiman en estas tierras y gran parte de esta sociedad lo ve como un poder ajeno, dañino para sus intereses. Perjudicial para los objetivos de los abertzales, que se sienten con razón tratados como ciudadanos de segunda, cuando no como bestias. Pero a la larga nefasto también para los unionistas, que ven que el Estado que los representa aleja a la sociedad vasca de sus posiciones a la fuerza, con crueldad y sin inteligencia alguna. Solo les lega el privilegio del status logrado tras la muerte de Franco. Que no es poco, claro, pero que no es apenas nada para debatir frente a quien te señala qué clase de estado defiendes y cómo te «defiende». No están para dar lecciones de ética.

Esta operación policial llega dos días después de la movilización multitudinaria por los derechos de los presos y un día después de la participación de Mariano Rajoy en la manifestación de París -supuestamente en defensa de las libertades y del Estado de Derecho-. La Guardia Civil la ha llevado a cabo la misma mañana en la que tres de las abogadas detenidas debían ejercer la defensa de 35 militantes políticos en Madrid, deteniéndolas cuando las podría llamar a declarar. La operación, sobre la que este periódico ya había informado hace meses, se llama «mate», como juego de palabras respecto a otra operación anterior denominada «jaque» -en serio, ¿ya está?-. La han completado más tarde entrando a la sede de un sindicato para arramplar con el dinero recaudado públicamente durante la marcha del sábado, difundiendo imágenes de los agentes contando ese dinero en la sede del sindicato, buscando con una cifra ridícula reforzar la sensación de que estamos ante un entramado dedicado al fraude fiscal -un fraude que no consta a las haciendas vascas-, difamando a activistas por los derechos humanos que han renunciado a una carrera profesional mejor remunerada por convicción, a cambio de un salario mínimo. Quiénes y ellos, los que han llevado a su país a la bancarrota y son conocidos en todo el mundo como uno de países occidentales más corruptos. También han decorado el país de precintos y controles sin más sentido operativo que advertir a la población civil de su tutela. Las declaraciones del ministro del Interior lo mismo podrían haber sido redactadas hace cinco, diez o veinte años... No tienen vergüenza.

Excusas al servicio de un agenda demencial

Cuando hace tres años que ETA anunció el cese definitivo de la lucha armada, cuando recientemente ha informado del desmantelamiento de sus estructuras militares, cuando los verificadores internacionales avalan su voluntad y pasos concretos hacia el desarme, cuando lleva todo este tiempo intentando establecer los plazos y las fórmulas para solucionar los diferentes apartados de las consecuencias del conflicto... ¿a qué demonios se refieren cuando desde el Estado hablan de la necesidad de que los presos vascos se «alejen de ETA»? ¿Hacia dónde que no sea una disidencia armada se podrían alejar? ¿Es eso lo que promueven, es ese el grado de irresponsabilidad del Estado español ante la oportunidad histórica de lograr la paz en Euskal Herria? Están aplicando a la izquierda abertzale las políticas que tenían reservadas para una disidencia que, pese a sus esfuerzos tanto durante el proceso de cambio de estrategia como desde su asunción por parte de toda la izquierda abertzale, no se ha dado.

Han elegido al que denominan «frente de macos» porque piensan que es el eslabón más débil, porque los tienen rehenes. Deberían haber aprendido algo durante estas décadas de conflicto.

Ciudadanos de segunda

La reacción de ayer del Gobierno de Lakua es triste. Cuando se detiene a doce abogados, a dieciséis ciudadanos en total, que la primera reacción del máximo representante político de la mayoría de ellos sea quejarse por no haber sido informado es patético. No es una cuestión de competencias, es una cuestión de derechos. Y aunque se suela esquivar, también es una cuestión de democracia, de fair play. Por ejemplo, una de las detenidas, Amaia Izko, es portavoz de unos de los partidos que forman la coalición que es segunda fuerza en el Parlamento de Gasteiz. Estaba en Madrid para defender, entre otros, a otro portavoz de esa formación, Pernando Barrena. El juicio es abiertamente político. Ambos son militantes de Sortu, cuyo secretario general, Arnaldo Otegi, está en la cárcel por abrir este nuevo escenario político. Y lo logró, entre otros, junto a Rafa Díez, también preso, que casualmente es el anterior secretario general del sindicato en el que ayer la Guardia Civil confiscó el dinero recogido para defender los derechos humanos de los presos vascos, que también son en su mayoría ciudadanos cuyo representante institucional es Iñigo Urkullu. Este, sin embargo, se resiste a tratarlos como ciudadanos, a atender la violación de sus derechos, a ejercer de lehendakari de todos.

En esta farsa no se puede condenar a la ciudadanía vasca a ser actor secundario. Debe ser protagonista, porque esta es la clave de un escenario realmente democático.