El rechazo del Tribunal Supremo español a la aplicación de la directiva europea sobre acumulación de condenas supone el alineamiento de la mayoría de esos jueces con la petición de la Fiscalía y, por tanto, con la intención del Gobierno del PP de alargar ilegítima e ilegalmente el tiempo en prisión a los presos vascos. La ley orgánica que recientemente aprobó el Congreso español para eludir la aplicación de esa Decisión Marco no es sino una burda trampa similar a la doctrina 197/2006 que el Tribunal de Estrasburgo dejó sin efecto, pero después de que muchos presos permanecieran varios años de más en prisión.

Está por ver la posibilidad de que los jueces de la Audiencia Nacional consulten al Tribunal de Justicia de la UE sobre la aplicación de la directiva. Lo que no deja lugar a dudas es el propósito del Gobierno español de retrasar la salida de prisión de personas que han cumplido sobradamente su condena, a sabiendas de que así vulnera la normativa europea. Ese proceder no se debe al manido argumento del cumplimiento estricto de la ley o al resarcimiento de las víctimas, sino a la mala fe y a intereses espurios, como es satisfacer a su clientela electoral y mediática más extremista. A ese mismo afán responde la operación policial del pasado lunes o la demanda contra el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, por referirse a la Guardia Civil utilizando el nombre de las operaciones llevadas a cabo por ese cuerpo, asegurando que es el momento de que se vaya. Una opinión, por cierto, ampliamente compartida en este país.

El Gobierno del PP, con la complicidad o en el mejor de los casos la indiferencia de casi todas las fuerzas políticas españolas, tras años de ensañamiento con los presos vascos y la disidencia en general, en unas horas ha arremetido contra abogados, un sindicato, una organización por los derechos humanos y un partido político, pero principalmente contra la sociedad vasca por reivindicar el respeto a los derechos de los presos. Por atreverse a reclamar soluciones y paz para su país.