El día lúgubre, cerradamente nublado y con una bucólica lluvia intermitente, parecía acompañar al clima de estupor y sorpresa que se palpaba al hablar con cualquier argentino que hu- biera escuchado las noticias. Al amanecer, el país se enteró que el fiscal especial Alberto Nisman, quien ayer por la tarde tenía previsto explicar en el Congreso de los Diputados su denuncia contra el Gobierno, había sido hallado muerto.

La conmoción estalló a medianoche del domingo, cuando empezaron a circular en Twitter las versiones sobre un operativo policial en el edificio donde residía Nisman (el exclusivo barrio de Puerto Madero), y adonde acudieron el viceministro de Seguridad, Sergio Berni, y los jefes de la Policía Federal y de la Prefectura.

Cuando la presión en los medios y las redes sociales era insostenible, la fiscal Viviana Fein confirmaba que su madre había encontrado muerto a Nisman en el baño. La hipótesis del suicidio comenzó a cobrar fuerza al no haber sido forzada la cerradura y fue apuntalada horas después con el informe preliminar del forense: el cuerpo presentaba un tiro en la sien. Berni ratificaba en declaraciones públicas que «todo parece llevar a que es un suicidio».

El expediente del «caso AMIA», como se conoce la causa por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina que causó 85 muertos en 1994 y que permanece impune, estaba abierto en su escritorio. Probablemente lo había estado estudiando, ya que en pocas horas tenía que acudir a la Comisión de Legislación Penal del Parlamento a detallar por qué acusaba a la presidenta, Cristina Fernández, y al canciller, Héctor Timerman, entre otros, de intentar encubrir a los presuntos autores iraníes del ataque. Su explicación no llegó.

La mano de los servicios secretos

La denuncia fue presentada oficialmente la semana pasada y desató un huracán político. En su única entrevista televisiva, Nisman dijo tener las pruebas para demostrar su teoría, según la cual el Gobierno buscaba la impunidad de los ocho exfuncionarios iraníes a cambio del favor de Teherán, que se traduciría en mayores exportaciones argentinas y beneficios en la importación de crudo. El instrumento era el polémico Memorando con Irán aprobado por el Parlamento argentino pero nunca correspondido por la República Islámica.

La acusación fue desmentida por el Gobierno, que adujo que no tenía pruebas suficientes y que su denuncia, especialmente contra la presidenta y el canciller, no tenía asidero. Los parlamentarios kirchneristas iban a exigir a Nisman más evidencias. Ayer Fernández autorizó desclasificar el material de Inteligencia que utilizó el fiscal para denunciarla y revelar la identidad de los espías también acusados.

El juez de instrucción del caso, Rodolfo Canicoba Corral, había indicado que estudiaba apartar a Nisman de la investigación porque había cometido «excesos», además de no informarle de la denuncia y de las nuevas pruebas recabadas. Sorpresivamente, dijo en voz alta lo que la mayoría de los detractores de Nisman opinaban en privado: que era «conducido por sectores del servicio de Inteligencia».

Ahí radica una de las claves para entender este proceso. El año pasado, el Gobierno expulsó de la Secretaría de Inteligencia a Jaime Stiusso, el hombre más poderoso dentro del servicio secreto argentino desde hacía muchos años. Era un secreto a voces que el Ejecutivo estaba disconforme con su labor y sospechaba de la propia cartera de Inteligencia, por eso cambió a sus responsables y apartó a Stiusso.

Nisman admitió haber trabajado mucho con Stiusso, así como con los servicios secretos de EEUU e Israel, para intentar llegar a la autoría intelectual del atentado. Lo hizo después de que el expresidente Néstor Kirchner lo nombrara fiscal a cargo de la unidad especial de investigación del ataque a la mutual judía. Tras una estrecha relación con el kirchnerismo, Nisman se distanció del Gobierno después de que se impulsara el Memorando con Irán.

«El caso AMIA» se enmarca en un proceso exógeno a la dinámica argentina, el conflicto de Oriente Próximo. A grandes rasgos, quienes conocen la investigación y la geopolítica mantienen dos hipótesis: la autoría de Hizbulah e Irán (la de todos los gobiernos hasta la fecha) o la de extremistas apoyados por Siria. Ninguna ha podido ser probada, aunque hay quienes ven muestras de culpabilidad en Teherán cuando rechaza la extradición de los iraníes a los que Interpol reclama.

Las dudas por el final

«Yo puedo salir muerto de esto», les dijo Nisman a dos periodistas en los últimos días. Tenía 52 años y dos hijas adolescentes, aunque vivía solo. «Esto va a llevar tiempo, pero va a llegar a buen puerto. Me gustaría equivocarme por la institucionalización del país pero creo que no», expresó ante las cámaras el miércoles. Se mostraba seguro y confiado. Por eso buena parte de la opinión pública no cree la hipótesis del suicidio.

Una diputada que habló varias veces con Nisman admitió a GARA su enorme sorpresa y su dificultad para creer en un suicidio. «El otro día me comentó que tenía el dato de que un agente de Inteligencia había vendido información sobre sus hijas a agentes iraníes», afirmó.

El fiscal había reconocido constantes amenazas telefónicas, pero se mantenía tranquilo, incluso había rechazado aumentar su seguridad personal.

En la política argentina, revuelta y crispada a tan sólo siete meses de las elecciones primarias presidenciales en las que por primera vez en doce años no habrá un candidato de apellido Kirchner, todo se ve con un prisma conspirativo que es permanentemente transmitido a la sociedad. Quién gana y quién pierde con esta repentina muerte, especialmente por cómo ocurrió, es determinante.

Un «asesinato» -teoría ya fogoneada por los medios de comunicación opositores y algunos dirigentes políticos- sería devastador para el Gobierno, ya que en cualquier país sería un escándalo la muerte de un fiscal que hacía menos de una semana había denunciado a un presidente y un canciller. Sin embargo, si queda probado el suicidio, a unas horas de comparecer ante el Congreso y a días realizar una denuncia que nadie le forzó a hacer y que pudo haber evitado, detona muchas dudas que también laceran al Gobierno.

Los próximos días definirán no solo la suerte del «caso AMIA» sino también la credibilidad de los argentinos en su propio sistema.