El continuo escándalo ligado a casos de corrupción en el Estado español dejó ayer un nuevo capítulo que refleja la naturaleza estructural del problema y el nulo interés de las estructuras del Estado por combatirlo con la fuerza necesaria para cercarlo y eliminarlo. La puesta en libertad con una fianza de 200.000 euros del extesorero del PP Luis Bárcenas, procesado por delitos de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y apropiación indebida, entre otros, refuerza la idea de que el propio sistema alimenta la impunidad de aquellos que se benefician haciendo uso indebido de su cargo y de una extensa red clientelar. El reconocimiento por parte de la Audiencia Nacional de que Bárcenas mantiene grandes cantidades de dinero fuera del alcance de los tribunales y de que su actitud no ha sido precisamente colaboradora durante el proceso judicial llevan a cuestionarse el papel de la judicatura.

Aunque el PP intenta ahuyentar los fantasmas que ponen en tela de juicio su contabilidad durante estas décadas afirmando que el extesorero ya no es miembro de la formación, los «papeles de Bárcenas» pusieron sobre la mesa la posible financiación irregular del partido que gobierna el Estado español, así como el presunto cobro de sobresueldos por parte de muchos de sus dirigentes. No hay debate: esta es una trama corrupta asociada al PP y a sus gobiernos. La clase dirigente española, amparada por un poder judicial designado por ellos mismos, practica el juego sucio y no tiene voluntad para terminar de una vez por todas con un sistema corrupto.

Actuaciones que, aunque no pillan por sorpresa, generan la lógica indignación de la ciudadanía que padece cada día sus recortes y políticas antisociales. Todo ello a la vez que alimentan debates falsos para esquivar su responsabilidad. Un cúmulo de despropósitos que a estas alturas resulta imposible ocultar y que deja cada vez más claro que la vía vasca se resume en construir una vía de escape de un Estado teñido de injusticia y corrupción.