Las protestas contra la decisión del Tribunal Supremo, que el pasado martes decretó que será el cliente el que deberá pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, se repitieron ayer en Hego Euskal Herria y en diferentes puntos del Estado español.

En Iruñea tuvo lugar una concentración frente al Palacio de Justicia, donde una portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) alertó de que el giro dado por el Alto Tribunal, que en octubre había fallado en contra de las entidades bancarias, evidencia la «falta de independencia judicial».

«Los motivos que han llevado a este cambio de criterio han sido las presiones por parte de las entidades financieras, que lo que hacen una vez más es que la banca gane y que las ciudadanas perdamos», remarcó antes de insistir en que «lo que hace falta ya es una legislación hipotecaria que proteja a toda la ciudadanía». En este sentido, indicó que, además del impuesto hipotecario, el cambio normativo que se implemente en Nafarroa debería tener en cuenta otras cuestiones, como con la dación en pago retroactiva, los desahucios o la pobreza energética.

El decreto «no es suficiente»

Cabe recordar que el miércoles la portavoz del Gobierno de Nafarroa, María Solana, ya anunció que el Ejecutivo revisará la ley que regula el pago del impuesto hipotecario para que «no sea el prestatario el que sostenga esta carga». Esta decisión va en línea con los pasos dados por el Gobierno español, que el jueves aprobó un real decreto que obliga a los bancos a asumir el citado impuesto.

No obstante, la entrada en vigor del decreto no ha calmado los ánimos de la ciudadanía. En Madrid cientos de personas se concentraron frente a la sede del Tribunal Supremo con pancartas en las que se podía leer mensajes como “Suprema cagada”, “Dictaduras de bancos no” y “No a los jueces corruptos”. La movilización fue convocada por Unidos Podemos, que considera que el decreto «no es suficiente». El líder de la formación morada, Pablo Iglesias, solicitó al Gobierno de Pedro Sánchez una ley para que los bancos devuelvan el impuesto de hipotecas.