Por diez votos contra uno, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil atendió el miércoles la petición de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y decidió mantenerlo en la sede de la Policía Federal de Curitiba al suspender su traslado a la prisión de Tremenbé, en Sao Paulo, hasta analizar si el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, fue parcial al condenarlo por corrupción. Sin embargo, la mayoría rechazó su puesta en libertad. Una magistrada regional había ordenado el traslado, atendiendo una petición de la Policía que alega trastornos ocasionados por la custodia de Lula, que cumple casi nueve años de condena, debido a los actos de apoyo y rechazo en los alrededores de su lugar de reclusión y a las numerosas visitas de personalidades que recibe.

Su defensa había pedido en noviembre que el Supremo analice la imparcialidad del fallo, después de que el juez Moro, autor en 2017 de la condena en primera instancia, aceptara ser ministro de Justicia del ultraderecha Jair Bolsonaro.

La teoría de la conspiración contra la izquierda ha ganado fuerza desde junio, cuando el portal de periodismo de investigación “The Intercept Brasil” inició una serie de publicaciones basadas en conversaciones privadas entre Moro y los fiscales del «caso Lava Jato», que sugieren que el magistrado dirigía la actuación de la Fiscalía.

El STF aún no ha fijado la fecha para ese debate, pero al menos hasta ese momento, Lula podrá permanecer en Curitiba.

El eventual traslado de Lula provocó una fuerte conmoción entre los diputados. Diversos partidos políticos, incluso de derecha, calificaron como acto «humillante», «absurdo» y que vulnera las garantías de un líder político que gobernó durante dos mandatos consecutivos y que para muchos está sufriendo una «persecución absurda».