El primero de los seis testigos citados por la jueza que instruye la causa abierta por el cobro de dietas en Caja Navarra, el exconsejero del Gobierno navarro y parlamentario de UPN, Javier Caballero, ha llegado al Palacio de Justicia hacia las 8:38 para prestar declaración.

Caballero, quien ha acudido en solitario, había sido citado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3, María Paz Benito, a las 9:00.

Tras él y con un intervalo aproximado de hora y cuarto han comparecido ante la jueza el consejero de Educación, José Iribas, y el secretario general del PSN, Roberto Jiménez. Ambos se han negado a hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Las declaraciones se están produciendo con retraso.

A Jiménez le seguirán su compañero de partido Samuel Caro, el portavoz parlamentario de UPN, Carlos García Adanero y el presidente del Parlamento, el también regionalista Alberto Catalán.

La juez que investiga el ‘caso CAN’ ha preparado una sesión maratoniana de interrogatorios para escuchar a seis de los miembros de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF), que acuden como testigos. Se trata de la tercera ronda de interrogatorios centrada en el cobro de dietas por parte de miembros de la Permanente de la JEF (Enrique Maya, Álvaro Miranda y Miguel Sanz), que ya pasaron por el juzgado en calidad de imputados. Los testimonios hasta ahora recogidos por la juez siguen dejando varias dudas en el aire que necesitan aclararse. De todos modos, el esclarecimiento de las dietas solo es el primer episodio de una instrucción más amplia, que es previsible que continúe en Iruñea.

Los seis dirigentes de PSN y UPN citados hoy formaron parte desde el primer momento de la JEF, donde se cobraban dietas igual de altas que en la Permanente y en varias ocasiones fueron triples.

Las diferencias entre la JEF y su Permanente (compuesta por el presidente y los dos vicepresidentes de la JEF) son fundamentalmente dos. La primera es que la Permanente funcionó un año antes de existir oficialmente y la JEF siempre estuvo reconocida. El segundo motivo es que la JEF tenía una atribución, que es la aprobación y elaboración de informes no vinculantes, mientras que la Permanente no tenía ninguna función.

La juez intentará descubrir si los miembros de la JEF sabían que la Permanente se reunía y cobraba antes de existir. En este punto, los dos representantes del PSN han asegurado en varias ocasiones que desconocían de su existencia. Sin embargo, el resto de miembros no se han pronunciado públicamente con la misma rotundidad.

Por otro lado, el imputado Miranda (exconsejero de Economía y número dos de Sanz y de Yolanda Barcina) aseguró que no se realizaban convocatorias de las reuniones, sino que se quedaba a través de llamadas de teléfono. Y además, que no existían órdenes del día y que nadie se llevaba documentación a casa para estudiar los temas a tratar. Ni antes, ni después reunirse.

Estas pautas de trabajo tan informales constituirán, a buen seguro, el nudo gordiano de los interrogatorios de esta mañana. En particular, porque el sistema de dietas garantizaba que todos los miembros de la JEF cobraran (aunque en una cuantía menor) a pesar de que no acudieran a las reuniones. El líder del PSN ha defendido el cobro de dietas por el trabajo previo que se realizaba antes de las reuniones, pero si no se llevaron ningún documento ni tenían datos para preparar las sesiones, resulta muy complicado realizar cualquier labor preparatoria.

Actualmente, lo que se investiga en los juzgados es un presunto delito de cohecho, que se sustenta en la no inspección de la caja por parte del Gobierno navarro. Las dietas constituirían una de las prebendas a cambio de esta falta de supervisión.

Debido a la complejidad del caso, la juez parece que busca ir cerrando capítulos. Puede que con tras las declaraciones de hoy, decida empezar un capítulo nuevo con prebendas de otro tipo. Aun así, no son descartables nuevas citaciones antes de terminar con las dietas, debido a la incongruencia de los testimonios de Sanz y Miranda con el del secretario de la CAN.