En una rueda de prensa en Donostia, Ubera, acompañada del vicecoordinador de Aralar, Dani Maeztu, ha defendido que para la construcción de la paz y de la convivencia «todos» tienen que «mover ficha todos y no es suficiente con el foro de las instituciones, con el foro de la ponencia» del Parlamento de Gasteiz.

«La paz hay que construirla y trabajarla en muchos espacios, también en Nafarroa e Iparralde, porque es una cuestión de toda Euskal Herria», ha afirmado.

Además, ha destacado la «importancia de la inclusión» para trabajar en esta cuestión, por lo que ha criticado que «algunos quieren imponer un único relato sesgado y de parte que no tiene en cuenta los derechos humanos de todas las personas y que no es válido para la construcción de la paz y de la convivencia» que debe trabajarse «entre todos».

Maeztu ha señalado que «malo cuando se da más importancia al foro que a los contenidos», al tiempo que ha opinado que «cuanto en más foros se hable sobre la paz y el respeto a todos los derechos de todas las personas, pues mejor».

«Establecer como premisa inicial que solo hay un foro malo y, además, cuando luego no se quiere profundizar en los contenidos, cuando se pone como base un documento que se presentó desde la exclusión en la pasada legislatura y que esa tiene que ser la base indiscutible sobre la que verse la paz y la convivencia» pues «tampoco es el mejor inicio», ha reflexionado.

No obstante, ha recordado que «ahí está EH Bildu participando en esa ponencia y dando a entender que hay unas bases que se pactaron la pasada legislatura pero también unas aportaciones que no se recogieron y que están por hacer».

«Modelo a seguir»

Por otro lado Ubera ha aconsejado, como «modelo a seguir» en esta materia, el trabajo realizado por «todos los partidos» en Ipar Euskal Herria, que están «avanzando en una normalización política» y en el que hay una «respuesta contundente y unitaria» a «vulneraciones de derechos sea quien sea la persona de quien se han vulnerado esos derechos». En este punto y, como similitud, ha citado el caso de la detención de Aurore Martin.

Maeztu ha destacado que en Ipar Euskal Herria «la defensa de los derechos humanos no tiene ciudadanos de primera y de segunda», mientras que «en el Estado español, en cuanto entra en juego ETA o algo que tiene que ver con ETA, enseguida empiezan a diferenciar la defensa de los derechos en función de sobre qué persona estemos hablando».

En este sentido, Maeztu y Ubera han llamado a los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea a «tomar como ejemplo Iparralde y a trabajar por la paz de la mano de los agentes políticos y sociales», ya que están actuando «sin audacia y sin tomar iniciativas» y «se limitan a seguir el juego dictado por el Gobierno español y los poderes fácticos herederos del franquismo».

Tras defender que «todos los pasos a dar en materia de pacificación tienen que venir de la mano del concepto de unilateralidad, por la vía fijada en el Acuerdo de Gernika, abriendo así todas las vías políticas y el protagonismo a la sociedad vasca», han aludido al hecho de que el Tribunal Constitucional español haya aceptado el recurso presentado por las personas encarceladas por el caso Bateragune y que llevan en prisión desde 2009 «por el mero hecho de hacer política».

«Rayo de esperanza»

Según los representantes de Aralar esto supone un «rayo de esperanza», ya que «la puesta en libertad de los políticos encarcelados por el caso Bateragune supondría un claro impulso para el duro proceso de la construcción de la paz». «Supondría una bolsa de oxígeno para el proceso de paz, de diálogo y de cambio democrático que se encuentra bloqueado», han sostenido.

En este contexto, han instado a la ciudadanía vasca, así como a «los agentes e instituciones» a «dejar de mirar a Madrid y a seguir trabajando intensamente por la construcción de la paz, valiéndose para ello de las herramientas que tenemos y hemos creado, como son el Acuerdo de Gernika y el foro de Aiete, y desenmascar así a nivel internacional la actitud antidemocrática del Gobierno de Madrid».

Asimismo, han llamado al 15-M y a todos los movimientos que trabajan por la democracia participativa a que «se sumen a la lucha contra las leyes antiterroristas y a favor de la profundización de la democracia».