En una nota, el Ejecutivo navarro muestra su «apoyo» a ambos alcaldes, «democráticamente elegidos», así como su «solidaridad con estos y otros cargos electos navarros que, desgraciadamente, no pueden ejercer sus labores en libertad».

«En democracia son inadmisibles cualquier amenaza o vejación hacia los cargos electos y los responsables de tales acciones deben responder ante la Justicia», indica el Ejecutivo, que expresa su «confianza» en que la investigación abierta por la Policía Foral a finales de julio sobre este caso concreto dé sus frutos.

El Gobierno, asimismo, se ha dirigido a EH Bildu, formación en la que señala que militan estos alcaldes -si bien Bildu ha advertido de que el de Elizondo es independiente-, a «hacer extensible» la iniciativa de denuncia y rechazo realizada este jueves a «todas aquellas ocasiones en las que los cargos electos afectados por amenazas y coacciones son de filiaciones políticas distintas a la suya».

Como ejemplo, han recordado las amenazas recibidas en enero por la vicepresidenta Lourdes Goicoechea en su casa familiar en Olatzagutia. En aquella ocasión, la Alcaldía de la localidad, gobernada por la coalición, ya expresó su rechazo a los hechos.

Por su parte, UPN ha condenado «cualquier amenaza o coacción, venga de donde venga» y ha emplazado a Bildu «a hacer lo mismo».