En una rueda de prensa celebrada en Iruñea, la fundación Sustrai Erakuntza ha informado de que ha solicitado por vía judicial, «como ya antes lo hizo por vías políticas», la paralización de las obras del TAV en Nafarroa, las cuales se desarrollan en «un estado de ilegalidad».

Según han recordado, que el TSJM dictó que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), necesaria para acometer el macroproyecto, había caducado y no es válida.

El fallo de la sentencia decía textualmente: «Las consecuencias de la caducidad de la DIA son la nueva realización desde el principio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, dado que no se puede ejecutar una obra de esta envergadura sin una Declaración de Impacto Ambiental válidamente emitida».

Además, han señalado que el TAV es cuestionado «en su integridad por múltiples argumentos sociales, económicos y medioambientales» y han apuntado que esta infraestructura ha quedado «en una situación surrealista al plantearse exclusivamente para un tramo de escasos 70 kilómetros», desde Castejón a Iruñerria, «pero con un derroche económico desorbitado»

La necesidad de contar con una DIA en vigor ha de obligar, según Sustrai, a «replantearse el proyecto completamente», ya que el promotor debería dar todos los pasos de que se dieron en el pasado para conseguir una Declaración positiva. «Es decir, entre otras cuestiones, volver a analizar si el proyecto es compativle con la situación social y económica en la que nos encontramos».

Sin embargo, varios meses después de hecha pública la citada sentencia, la fundación lamenta que, en el anteproyecto de los Presupuestos de Nafarroa, el Gobierno «no solo no ha decidido rectificar este despropósito, paralizar las obras y cumplir la legislación, sino que propone una aumento del derroche económico y plantea un gasto de 102 millones de euros para continuar las obras».

Por ello, Sustrai ha soliticado a la sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM la adopción de medidas cautelares de las obras de ejecución del TAV en Nafarroa.

Esta medida intenta salvaguardar que una eventual sentencia que dicte el Tribunal Supremo español confirmando la del TSJM pueda ser cumplida y evitar «que se produzcan situaciones irreversibles», ya que continuando con las obras «existirán consecuencias medioambientales, sicuakes y económicas irreversibles y las obras ejecutadas no tendrían utilidad ni posibilidad de ser desmontadas».

Además, han exigido que se asuman las responsabilidades políticas correspondientes a la «nefasta» gestión de este macroproyecto por parte del Ejecutivo foral y han retirado la petición de dimisión del consejero de Fomento, Luis Zarraluqui.

Finalmente, han llamado a participar en la manifestación que este sábado (17.00, desde Antoniutti) exigirá en Iruñea la paralización del TAV y brindará apoyo a las personas procesadas por lanzar tartazos a Yolanda Barcina para denunciar la citada macroinfraestuctura.