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BARCELONA

UPyD pide encarcelar a Forcadell y cuatro diputados independentistas por «conspirar para la sedición»

UPyD ha pedido prisión provisional por «conspiración para cometer sedición» para la presidenta del Parlament de Catalunya, Carmen Forcadell, y los cuatro diputados de Junts pel Sí y la CUP que firmaron la propuesta de resolución en la que se da por iniciado el proceso hacia la independencia.

El pleno del Parlament, durante la sesión de constitución. (Lluís GENÉ/AFP PHOTO)
El pleno del Parlament, durante la sesión de constitución. (Lluís GENÉ/AFP PHOTO)

«Ha llegado el momento de la acción», ha defendido en rueda de prensa el portavoz y candidato de UPyD a la Presidencia del Gobierno español, Andrés Herzog, que ha anunciado la querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra Carme Forcadell y los diputados Jordi Turull y Marta Rovira, ambos de Junts pel Sí, y los miembros de la CUP Antonio Baños y Anna Gabriel. Los cuatro parlamentarios fueron los que estamparon sus firmas en la declaración conjunta presentada ayer.

Ha explicado, además, que durante los próximos días puede ampliarse a todos los miembros de la Mesa del Parlament que voten a favor de la tramitación de la citada declaración y a los diputados que la apoyen.

UPyD cree que ha llegado el momento de utilizar todos los mecanismos jurídicos y políticos que el Estado tiene a su alcance para frenar lo que considera «un golpe de Estado». «Se trata de un acto preparatorio que forma parte de una desconexión de España y está precedida de innumerables hechos», ha denunciado Herzog.

Además, cree que «no es hora de los partidos sino de la política con mayúscula», por lo que también ha remitido una carta a Mariano Rajoy pidiéndole que convoque al conjunto de fuerzas políticas y sociales para dar una respuesta «unívoca» a quienes han decidido «burlar las reglas de la democracia». «El Estado debe mostrar su fortaleza y su determinación para defender la democracia, a sus instituciones y a los ciudadanos», esgrime en la misiva.

Herzog quiere que el jefe del Ejecutivo español reúna a los representantes de todos los partidos políticos «sin exclusiones» para que se visualice «la fortaleza» de las instituciones y su compromiso «en defender la unidad de la nación y el orden constitucional por encima de cualquier posición partidaria por muy legítima que esta sea».

«De las palabras a los hechos»

Para UPyD, la declaración de Rajoy sobre el cumplimiento de la ley ya no es suficiente, ya que, según ha recordado Herzog, «también dijo que no se celebraría un referéndum el 9N y finalmente sí lo hubo». A su juicio, ahora es el momento de «pasar de las palabras a los hechos», de la «claridad» y de detallar paso por paso qué mecanismos se van a poner en marcha para frenar el proceso independentista.

La querella presentada ante el TSJC destaca el discurso que pronunció Forcadell durante su posesión, en el que habló de un Parlamento soberano y finalizó con una apelación a la república catalana, y que para UPyD es «un paso más» de una actitud «indudablemente sediciosa». «Todos estos hechos con la continuación lógica del conocido 9N y que UPyD ya denunció en su momento», señala.

La formación destaca que este «desafío» a la democracia y «al Estado de Derecho no cuenta con ningún precedente en nuestra reciente historia democrática», aunque sí que cree que incluye «indudables indicios» de que podría cometer un delito de «conspiración para cometer sedición», penado con entre diez y quince años de cárcel. El artículo 548 del Código Penal español contempla «la provocación, la conspiración y la proposición para la sedición».

Apela a la Fiscalía

Herzog ha pedido el apoyo de la Fiscalía y las FSE a su iniciativa porque considera que el Estado español está asistiendo a «un golpe de Estado a cámara lenta, por fascículos», que concurre en «un delito de libre» y «puede acabar materializándose en una sedición».

Además de la vía judicial, UPyD ha pedido al Gobierno de Rajoy que utilice todos los mecanismos a su alcance, incluida la aplicación del artículo 155 de la Constitución española pese a la situación de «debilidad» que supone para el Estado que las Cortes Generales estén disueltas. «El Gobierno tiene la facultad y la obligación de utilizar todos los instrumentos legales que estén en su mano», ha insistido Herzog.