Los juristas que se han dado cita hoy en un céntrico hotel de Bilbo estiman que en su condición de profesionales del derecho no pueden sentirse a ajenos a la reivindicación ciudadana de que no se vulneren los derechos fundamentales. Begoña Atxa y Juan Mari Vidarte han dado lectura a un manifiesto en el que han insistido que las medidas que se aplican a presas y presos vulneran «sistemáticamente» esos derechos y no se ajustan a la legalidad vigente.

Atxa y Vidarte han comparecido junto a Juan Daniel Barandiaran, Nazario Oleaga, Iñaki Lasagabaster, Félix Cañada, Amaia Izko, Arantxa Itsasmendi, Begoña Crespo, Mikel de la Fuente e Iñigo Urrutia para exigir que deje de aplicarse «el derecho penal de autor y del enemigo» a los presos vascos. Tal y como ha manifestado más tarde Cañada, el principio de esa legislación de excepción es la de no considerar ciudadanos a los presos y por tanto no se respetan sus derechos básicos.

No han obviado el papel de las instituciones europeas, de las que han dicho que están poniendo, «tímidamente», freno a algunas medidas que aplican los gobiernos de Madrid y París a las personas presas. Tampoco que esos ejecutivos tratan de «esquivar» las decisiones del Tribunal de Estrasburgo.

«Llama la atención esa doble faz que presentan las autoridades judiciales españolas, que afirman respetar las sentencias del Tribunal Europeo de Derecho Humanos en el Estado español, así lo dijo –han recordado– el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, mientras que los tribunales hacen lo contrario». Han incidido en que la política penitenciaria española no se ajusta a la legalidad interna y europea, en referencia a la dispersión.

Los juristas han ido enumerando todas las medidas de excepción, deteniéndose en la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que niega el derecho de los encarcelados a estarlo en centros próximos a su domicilio habitual. «Nos ha provocado una gran preocupación, tanto por el desconocimiento que supone de la jurisprudencia del TEDH como por la falta de adecuación de la misma a una situación social y política que requiere otras formas de entender el Derecho».

Entre sus emplazamientos, han citado la aplicación de una política carcelaria, ajustada a la legalidad ordinaria», que entienden «puede servir de aliciente para avanzar hacia un escenario de paz, tan ansiado por la sociedad vasca, como así lo ha manifestado en numerosas ocasiones».