La Fiscalía de Araba ha constatado por escrito la «marcada inclinación» a archivar estas causas por corrupción y a absolver a las personas investigadas. Esta reflexión la realiza en el informe sobre el año en el que se juzgó el «caso De Miguel», la mayor trama conocida en Euskal Herria en los últimos años y que está a la espera de sentencia.

La memoria de la Fiscalía alavesa de este año, que incluye una reflexión sobre los delitos relacionados con la corrupción, muestra la «satisfacción» del Ministerio Público por el hecho de que, diez años después de que se destapara esta presunta trama, la Audiencia Provincial del territorio haya celebrado finalmente el juicio por el 'caso De Miguel', una supuesta red de corrupción vinculada a varios excargos del PNV. En ese juicio, el fiscal llegó a definir la trama supuestamente vinculada al PNV como «más propia de Sicilia que de un país mínimamente serio».

Pese a su satisfacción por la celebración de este juicio –cuya sentencia se espera para antes de fin de año–, la Fiscalía constata la «marcada tendencia» de los órganos jurisdiccionales de Araba a archivar los procedimientos por este tipo de delitos y a absolver a las personas investigadas.

«Veto a los recursos»

Además, alerta de la «especial preocupación» que le genera la «tendencia» a sobreseer estos asuntos provisionalmente, lo que «veta el acceso al recurso de casación», por «supuestas dudas». Este modo de proceder –añade– se suele producir «contrariando» el criterio del correspondiente juzgado de instrucción.

La Fiscalía considera necesario crear un estatuto que proteja a los denunciantes en supuestos de corrupción, con el objetivo de ofrecer «mayores garantías y seguridad» para quienes destapan estos comportamientos «extremadamente graves».

En el apartado de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, el Ministerio Público constata la «dificultad» para conseguir condenas por delitos de blanqueo de capitales en los supuestos de estafas a través de internet, lo que crea «una peligrosa sensación de impunidad».

Asimismo, subraya la existencia de procedimientos por fraude en materia de prestaciones sociales (RGI y PCV). La Fiscalía indica que en estos supuestos, «además del ánimo defraudatorio de los encausados, en algunos casos, integrados en verdaderas organizaciones criminales, se ha detectado la necesidad de mejora en el control de la gestión de este tipo de ayudas».