Las condiciones de explotación laboral y abuso sexual que sufren muchas trabajadoras de la fresa en los campos de Huelva saltaron a la primera plana de los medios a finales de abril de 2018, cuando un medio digital alemán publicó un reportaje haciéndose eco de la denuncia presentada por varias mujeres marroquíes por los abusos sufridos durante la campaña 2016-2017.

A principios de junio de 2018, diez jornaleras marroquíes presentaron una denuncia por abusos laborales y sexuales contra una empresa de Almonte. A lo largo de ese año, se interpusieron más demandas similares.

En 2019, Women´s Link Worldwide, Andaira, Taraceas Cooperativa y otras expertas realizaron una investigación de campo para evaluar la situación tras el eco mediático que adquirieron estas denuncias. «Lo que confirmamos es que sigue habiendo una situación sistemática y estructural de vulneración de derechos. Con el brote del covid-19, nos preocupaba especialmente la situación de las temporeras. Con esta comunicación que hemos enviado a diferentes organismos de la ONU queremos llamar la atención sobre la falta de medidas concretas para responder a las particularidades de la población migrante y de los locales que están trabajando en el campo, y la falta de una respuesta con perspectiva de género. Esperamos que la respuesta que den sirva como hoja de ruta para establecer recomendaciones sobre cómo proteger a los colectivos más vulnerabilizados», manifiesta en entrevista a NAIZ la abogada de Women´s Link Worldwide Aintzane Márquez.

«A través de la población migrante que no ha venido dentro del contingente de las temporeras y de organismos locales sabemos que las condiciones laborales abusivas siguen siendo las mismas que en otros años. Pese a la pandemia, no se han tomado medidas de seguridad, de distanciamiento físico, de protección individual como guantes y mascarillas. El aislamiento –ya existente de antes– de las temporeras en las fincas aumenta la desprotección y, al mismo tiempo, invisibiliza la capacidad de la sociedad civil de demostrar que se están produciendo estas vulneraciones. El contexto actual agrava una situación que ya se daba y favorece nuevas vulneraciones», advierte.

Las vulneraciones comienzan en el mismo proceso de selección

Las vulneraciones de derechos, tal y como se recoge en el informe que acompaña la comunicación remitida a la ONU, comienzan en el mismo proceso de selección en el país origen, mayoritariamente Marruecos. Los contratos se destinan exclusivamente a mujeres casadas o viudas de entre 25 y 45 años con menores de 14 años a su cargo, lo que les sitúa en «una situación de mayor responsabilidad familiar y vulnerabilidad y, por tanto, con menor posibilidad de posicionamiento crítico ante situaciones de abuso». Las candidatas deben aportar el Libro de Familia durante el proceso de selección. Esto contradice el artículo sobre «Igualdad de trato y oportunidades» que por primera vez incluyó el Convenio Provincial del Campo firmado en octubre de 2018 por CCOO y Asaja-Huelva.

«Al llegar a España se ven muy condicionadas a aceptar las condiciones que sean porque tienen que ganar el dinero que tenían previsto para que sus familias puedan vivir de ese salario. Estos criterios de selección potencian la posibilidad de que, ya en destino, se produzcan otras forma de discriminación», remarca Márquez.

Contratos en un idioma que no entienden

En su trabajo sobre el terreno, estas organizaciones también han constatado que «la información recibida en origen es bastante somera. En algunos casos es inexistente, o a posteriori no coincidirá con la situación encontrada en destino. Las mujeres desconocen las condiciones exactas que establece sus contratos laborales o los derechos que garantiza el Convenio Colectivo provincial».

Además «la mayoría de los precontratos que se firman en Marruecos están en francés, idioma que la mayoría de las temporeras ni habla ni lee y no se les proporciona una traducción escrita. Se les informa oralmente de algunas características del contrato, el salario aproximado, su derecho a descanso semanal y pausa durante la jornada y la posibilidad de acceder a cursos de español, aspectos todos que luego no siempre se cumplen».

Una vez en el destino, remarca el informe, «se ven confrontadas a una gran flexibilidad cotidiana. Por ejemplo, al traspaso informal de trabajadoras entre empresas, no respetando la vinculación laboral con el empleador. No siempre disfrutan de la pausa de media hora durante la jornada, mientras que en otros casos se priva a las trabajadoras del día de descanso semanal o se imponen horas extraordinarias bajo lógicas de control de la productividad mediante las cuales se fija un mínimo de cajas a recoger por día, lo que a veces les obliga a trabajar más que las horas establecidas en el Convenio. Estas horas extra pueden imponerse bajo amenazas de castigo y sanciones que consisten fundamentalmente en privar a las trabajadores de jornadas de trabajo. Otra de las infracciones más habituales es el impago de horas extraordinarias o su pago a una tarifa normal».

Con respecto al alojamiento, si bien en la oferta laboral se indica que será facilitado por el empleador, han documentado casos en los que «los empresarios descuentan a las temporeras los costes de agua, luz y alquiler y de manera generalizada, el gas». Destacan que «la mayor parte de mujeres entrevistadas describió en sus zonas de alojamiento situaciones de hacinamiento, una inadecuada gestión de residuos y aguas fecales o escasez de agua limpia y potable, ya sea para higiene personal, preparación de alimentos o consumo». Asimismo, han constatado «cierto déficit en el acceso efectivo a la cobertura sanitaria», debido en parte «al desconocimiento del funcionamiento del sistema sanitario, la distancia física con los centros de salud, las dificultades para tramitar sus tarjetas sanitarias o las barreras lingüísticas».

Condiciones «muy diferentes» en origen y destino

En el caso de las cuatro mujeres que Women’s Link Worldwide representa legalmente, durante la selección, se les aseguró que trabajarían durante 3 meses con un periodo de prueba de 15 días, y que la empresa les facilitaría la vivienda cerca de las fincas sin coste alguno para ellas, como estipula el convenio colectivo del campo.

Sin embargo, cuando llegaron a Huelva, «las condiciones que se encontraron eran muy diferentes. Firmaron el contrato en español sin que les ofrecieran traducción. Por tanto, no pudieron contrastar de si eran las mismas condiciones que les dijeron en origen. Se trataba de un contrato de obra y servicio en el que el periodo de prueba era de un mes, no de 15 días, y no establecía una duración de 3 meses, sino el tiempo que la empresa considere necesario para la recogida de la fresa. Además, les descontaban los gastos de vivienda, agua, luz y gas. Durante el tiempo que estuvieron trabajando, sufrieron explotación laboral, con penalizaciones excesivas por no cumplir los objetivos de producción, horas extras no remuneradas, falta de asistencia sanitaria y discriminación respecto a otras nacionalidades, a las que no se les exigían las mismas condiciones», recuerda la organización.

Las cuatro, que también denunciaron acoso sexual por parte de un encargado, fueron despedidas en dos ocasiones.

«Es necesario que se analice con una perspectiva de género el impacto que este modelo de negocio tiene en las vidas de las temporeras. Sin estabilidad laboral y viviendo aisladas en las fincas, además de la explotación laboral, pueden sufrir otros tipos de violencia, como violencia sexual, y es muy difícil que puedan denunciar por miedo a represalias y a perder el trabajo», concluye Márquez.

«Por estos hechos hay abiertos dos procedimientos, uno por lo penal en cuanto a las conductas sexuales y otro, en lo laboral. Aún no se ha dictado apertura de juicio oral ni en uno ni en otro. Esto es un ejemplo de las dificultades de acceso a la justicia de estas mujeres, lo que no solo incluye poder ir a los tribunales, sino conocer tus derechos, los recursos disponibles para tramitar la denunciar. El problema con las temporeras es que si ellas denuncian, las probabilidades de que no vengan en temporadas posteriores son muy altas y esto es lo que les ha ocurrido a las mujeres que representamos. Nunca más las han llamado aunque se volvieron a apuntar después de presentar la denuncia. Sienten una tremenda frustración. Con su denuncia querían evitar que compatriotas suyas pasaran por la misma situación», destaca la abogada de Women´s Link Worldwide.

«Si la agricultura es un bien esencial, los trabajadores también»

«El contexto actual del covid-19 ofrece una oportunidad para revisar el sistema de contratación en origen de manera integral. La vuelta a la normalidad tiene que suponer también un cambio hacia un modelo productivo en el que los derechos de las personas trabajadoras migrantes estén en el centro, en lugar de los intereses económicos. No podemos volver a la normalidad de antes», incide la letrada de Women´s Link Worldwide.

«Durante el confinamiento la agricultura fue considerada un trabajo esencial, por tanto las personas que lo realizan también deben ser consideradas esenciales. No podemos pensar únicamente en garantizar el abastecimiento cuando hay colectivos detrás de ese abastecimiento. Estas mujeres han estado trabajando en medio de la pandemia sin medidas de seguridad como mascarillas, guantes o distancia de seguridad. Esto no puede volver a ocurrir, por eso hemos presentado la comunicación en términos de urgencia», concluye.

«Que dejen de tratarnos como mera herramienta»

En declaraciones a NAIZ, Ana Pinto, de Jornaleras en Lucha, remarca con tono indignado que «no puede ser que las personas que nos encargamos de un cuidado tan fundamental obtengamos a cambio un latigazo en la espalda como el que en esta campaña nos han dado para que produzcamos aún más, trabajando de sol a sol, poniendo en peligro nuestras vidas y la de nuestros familiares».

«Exigimos que dejen de tratarnos como mera herramienta de trabajo y como un número más que aumenta los beneficios millonarios, mientras que otros muchos nos sentimos trabajando como si estuviéramos en un campo de concentración, habiendo incluso gente que no cuenta tan siquiera con un techo digno para descansar después de una larga jornada», añade.

«Queremos trabajar en el campo pero queremos hacerlo con derechos para todas las personas jornaleras, independientemente de cuál sea su lugar de procedencia», exclama Ana Pinto.

Protocolos de la patronal «insuficientes»

Por su parte, Pastora Filigrana, de Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluza, considera «insuficientes» los protocolos adoptados por la patronal a raíz del escándalo mediático de 2018. «Son medidas encaminadas a limpiar el desprestigio que sufrió la patronal fresera, más que a establecer un equilibrio entre las trabajadoras y los empleadores. El protocolo de denuncia interna en las empresas caso de violencia sexual es ridículo porque la instrucción de estos abusos sexuales recae en los responsables de recursos humanos de las empresas, cuando en la mayoría de relatos que conocemos los directivos de las empresas están directamente implicados en los abusos denunciados», critica.

«Además, aunque esto funcionara en algunas de las empresas, no se ha implementado ningún tipo de fórmula para que las trabajadores marroquíes conozcan estos protocolos y derechos que pueden accionar cuando han sufrido algún tipo de vulneración o han sufrido abusos sexuales en el centro de trabajo».

Filigrana rechaza además las «amenazas» de Asaja contra la ministra española de Trabajo por las inspecciones de trabajo, las cuales «se ha conseguido gracias a la presión social y a la incidencia política de colectivos de trabajadores. En la primera de ellas se desmanteló una red en una finca en la que se obligaba a inmigrantes sin papeles a hacer jornadas extenuantes de 12 horas al día cobrando muy por debajo del convenio. A pesar de esta palpable realidad, Asaja se atreve a amenazar a la ministra de con no ser pacíficos si continúan estas inspecciones de trabajo».