El informe explica que los activistas medioambientales se encuentran en la primera línea de la crisis climática, ya que lideran procesos de resistencia contra la explotación de recursos naturales y la corrupción en sus países, lo que los convierte en objetos de «ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales».

Entre los 21 estados examinados, Colombia (64 muertes), Filipinas (43), Brasil (24), México (18) y Honduras (14) registraron, en ese orden, la mayor cantidad de homicidios contra defensores que se oponen a la minería ilegal, la deforestación y la contaminación de los recursos hídricos.

El resto de crímenes mortales de este informe tuvieron lugar en Guatemala (12), Venezuela (8), India (6), Nicaragua (5) e  Indonesia (3). Dos homicidios fueron registrados en la República Democrática del Congo, Burkina Faso, Kazajistán y Rumania, este último el único país europeo de la lista; mientras que hubo de uno en Uganda, Perú, Camboya, Bolivia, Ghana, Kenia y Costa Rica.

La ONG advierte que los números pueden ser incluso mayores «ya que normalmente los casos no son documentados».

El estudio también destaca que las campañas de criminalización y difamación contra los activistas pueden exponer a las comunidades a una mayor vulnerabilidad frente a los ataques, practicas incluso ejercidas por gobiernos y medios locales.

«La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería aparecen como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Al mismo tiempo, son las industrias que propician el cambio climático a través de la deforestación y el aumento de las emisiones de carbono», subraya la encargada de campañas de Global Witness, Rachel Cox.

«Constantemente la minería ha sido calificada como uno de los mayores detonantes de la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Los minerales necesarios para una transición hacia un futuro de energía limpia no deben extraerse a costa de las personas que viven en zonas mineras», advierte el informe.

Indígenas y mujeres

El riesgo es todavía mayor para las comunidades indígenas, que sufrieron un tercio de las agresiones letales cometidas contra este tipo de defensores, pese a que representan solo el 5% de la población total de estos territorios.

El documento destaca que las habilidades de gestión de la tierra y el agua de estas comunidades son cruciales para combatir la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, pues las tierras habitadas por pueblos indígenas demuestran menores tasas de deforestación y mejores resultados de conservación.

Además de la afectación de pueblos y comunidades indígenas, las cifras demuestran que más de una de cada 10 víctimas en 2019 eran mujeres.

Las defensoras, subraya el documento, «enfrentan amenazas específicas, incluidas campañas de desprestigio centradas a menudo en su vida privada, con contenido sexista o sexual explícito» y estas prácticas, que normalmente no son denunciadas, se utilizan como una táctica para silenciarlas.