Maeztu, quien ha presentado las conclusiones del informe de evaluación intermedia sobre la ejecución del Plan de Inclusión Social, ha asegurado que el mismo «está siendo un instrumento clave para reducir la pobreza y la desigualdad en Navarra y facilitar sobre todo la inserción laboral y la inclusión social a toda la población navarra».

«Vamos a buen ritmo en su cumplimiento pero debemos redoblar esfuerzos porque la pandemia del covid-19 ha tenido un impacto social y en el empleo muy importante», ha subrayado.

En ese sentido, ha afirmado que tanto las medidas puestas en marcha por el Gobierno español como el de Nafarroa «van y deben ir encaminadas a reforzar la protección social y estimular la generación de empleo de calidad, además de mejorar el resto de políticas claves para la inclusión social como son las sanitarias, educativas o de vivienda. Estas van a ser las prioridades en el desarrollo y adaptación del Plan a la nueva realidad».

Maeztu, que ha estado acompañada por los directores generales de Protección Social, Andrés Carbonero, y del Observatorio de la Realidad Social, Luis Campos, ha explicado que del Plan de Inclusión se han implantado o han finalizado 145 de las actuaciones previstas (88,4 %). Del resto, otras 19 (11,6 %) o no se han iniciado (11 %) o no se ha recibido ninguna información al respecto (0,6 %).

El Plan se articula en función de siete líneas estratégicas, 31 objetivos generales y 164 actuaciones específicas.

En seis de las siete líneas estratégicas del Plan, el porcentaje de actuaciones puestas en marcha o finalizadas es superior al 75 %, concretamente en los ámbitos de Necesidades básicas (100 %), Incorporación Social (100 %), Empleo (96,8 %), Corresponsabilidad social (90 %), Educación (87 %) y Vivienda (76,7 %). En el área de Salud, el porcentaje de actuaciones en marcha alcanza el 68,4 %.

Nafarroa en 2019 volvió a ser la comunidad con menor población en riesgo de pobreza y exclusión, con un 11,7 % de Tasa AROPE (índice empleado por la Unión Europea que mide el nivel de pobreza, carencia material y baja intensidad de trabajo en el hogar de una persona), y la de menor riesgo de pobreza, un 7,7 %.

En cuanto al empleo, se aprecia un fuerte crecimiento en la inserción laboral de personas perceptoras de Renta Garantizada. Así, el informe destaca que «aumenta enormemente el número de unidades perceptoras de la RG a los que se aplican estímulos al empleo e incentivos a lo largo del año, pasando de 1.171 en 2017 a 4.178 en 2019».

Aumenta igualmente el número de unidades perceptoras de la RG con ingresos propios por trabajo autónomo, de 115 en 2017 a 169 en 2019; se eleva el número de suspensiones de la RG por superar ingresos propios por acceso al empleo pasando de 304 en 2017 a las 509 en 2019; y, por último, en 2019 se han realizado 8.175 diagnósticos de empleabilidad, de los que 4.707 han sido en mujeres y 3.468 en hombres.

Carbonero ha afirmado al respecto que se calcula que para finales de año ya sean 14.000 las unidades familiares que reciben la RG, que suponen respecto a diciembre del año anterior un millar de familias más.

El director general ha indicado que desde marzo de 2018 se observaba una tendencia descendente en el número de familias perceptoras de la RG, aunque el impacto de la pandemia ha supuesto una salida de muchas de estas personas del mercado laboral.

De cara a la segunda fase de implementación del plan, se recomienda consolidar un sistema de información que permita evaluar el desarrollo de este programa, activar las comisiones y grupos de participación y seguimiento, fomentar el conocimiento e implicación en el plan, mejorar la coordinación interdepartamental, designar profesionales de referencia, reducir el trabajo burocrático en los servicios sociales de base o mejorar los recursos en el medio rural.

Asimismo, sobre la previsión de que aumente el número de población en riesgo de exclusión por la crisis sanitaria, se transmite un cierto temor a que el despliegue del plan se ralentice.

Por ello, las personas consultadas recomiendan blindar el Plan de Inclusión en su conjunto, reforzar los servicios sociales de base, promover la normalización del uso de los servicios sociales, fomentar las capacidades técnicas de los equipos profesionales y establecer las medidas necesarias para prevenir el aumento de la brecha digital entre las personas usuarias, entre otras.