El Consejo español de Ministros ha dado luz verde al decreto-ley que suspende durante el estado de alarma, hasta el 9 de mayo de 2021, los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables sin alternativa habitacional y los cortes de luz, agua y gas.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha destacado que la nueva norma es «extraordinaria para un momento excepcional de dificultad», que «no legitima ninguna ocupación de vivienda», que «refuerza las garantías judiciales» y que compromete al resto de administraciones públicas competentes en vivienda.

En el caso de inquilinos con contrato, todos los propietarios, desde pequeños particulares a grandes inmobiliarias, tendrán derecho a solicitar una compensación si el informe que deberán presentar los servicios sociales al juez acredita la vulnerabilidad económica de los desahuciados.

La compensación consistirá en el precio medio de alquiler del entorno en el que se ubique el inmueble, lo que será determinado a partir de los índices de referencia, más los gastos corrientes asumidos y acreditados por el arrendador, por el período que medie entre la suspensión del desahucio y su levantamiento.

Sin contrato

También se paralizarán durante tres meses los desahucios de familias vulnerables sin contrato, aunque solo si ocupan viviendas vacías de grandes tenedores (propietarios de más de diez inmuebles) y tienen menores o dependientes a cargo o son víctimas de violencia machista.

En estos casos, los grandes tenedores, que son en su mayoría fondos de inversión, entidades financieras y sociedades inmobiliarias y de gestión de activos, podrán solicitar igualmente una compensación si demuestran que la suspensión del lanzamiento les ha ocasionado un perjuicio económico.

En todos los casos, las comunidades autónomas tendrán tres meses, desde que queda acreditada la vulnerabilidad de los desahuciados, para ofrecerles una alternativa habitacional que sea una «vivienda digna». Si no lo hacen se compensará a los arrendadores desde el momento en que se acordara la suspensión.

Este decreto-ley supone una prolongación, en principio hasta el 9 de mayo, de la moratoria que expiraba el 31 de enero de los desahucios por impago de alquiler para los afectados por la crisis del covid-19 y la extiende a los colectivos que se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia.

En él el Ejecutivo extiende asimismo la prohibición durante el estado de alarma de los cortes de suministros de luz, agua y gas natural a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, es decir, todas las categorías que define la ley, incluidos los usuarios sin contrato que no tienen condición de vulnerabilidad pero pueden acreditarla por los servicios sociales o los mediadores sociales.

Enmienda de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu

El vicepresidente segundo del Gobierno, de Madrid Pablo Iglesias, ha indicado que el decreto antidesahucios «no es la panacea» pero «va a ayudar a muchas familias a pasar este invierno de este año tan duro y tan difícil en condiciones de seguridad y dignidad». El texto finalmente incluirá también la prohibición de cortar los suministros, como pedía Unidas Podemos.

La coalición morada presentó junto a ERC y EH Bildu una enmienda conjunta a los Presupuestos para prohibir los desahucios hasta el año 2022, lo que generó enfado en su socio de Gobierno, aunque finalmente esa enmienda se retiró al alcanzarse un acuerdo en el seno del Ejecutivo para aprobar el real decreto antes de Navidad.

Paso adelante pero insuficiente

Para Stop Desahucios Euskadi, este decreto es un paso adelante pero «insuficiente, porque no define con claridad quienes son vulnerables, no prevé medidas para evitar el procedimiento judicial por incapacidad de pago o finalización de contrato, y es limitado temporalmente, cuando el derecho y la jurisprudencia internacional prohíben los desahucios mientras no haya alternativa habitacional adecuada y previa».

Asimismo, tacha de «inaceptable» ofrecer compensaciones económicas a grandes tenedores, porque «están haciendo negocio de la necesidad de las personas  y operando en paraísos fiscales o a través de Socimis que no pagan impuestos».   

Stop Desahucios Euskadi ha denunciado que «desde que se decretó el estado de alarma en marzo se han ejecutado 208 desahucios en la CAV», y las administraciones competentes no ofrecen alternativas. «Hay que movilizar la vivienda vacía hacia el alquiler, reformar la fiscalidad para apoyar los alquileres y no la compra, que beneficia solo a las rentas más altas, ejercer el derecho de tanteo e impedir que los fondos buitre compren patrimonio público para hacer negocio  garantizar que continúa la protección a los inquilinos de pisos VPO cuando dejen de tener esta calificación».