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Reconocen el origen profesional de la sordera de una trabajadora de un comedor escolar

Un juzgado de lo Social de Bilbo ha reconocido que la sordera de una trabajadora de comedores escolares tiene un origen profesional «provocada por un exceso de ruido». CCOO ha exigido a las empresas de colectividades que evalúen de forma específica el nivel de ruido en los comedores.

Un comedor escolar, ajeno a esta información. (Gari GARAIALDE/FOKU)
Un comedor escolar, ajeno a esta información. (Gari GARAIALDE/FOKU)

El Juzgado de lo Social número 2 de Bilbo ha reconocido el origen profesional de la sordera de una trabajadora de comedores escolares «provocada por el exceso de ruido», según ha informado CCOO, que ha exigido a las empresas de colectividades que evalúen de forma específica el nivel de ruido en los comedores, especialmente en las escuelas.

Según ha explicado el sindicato en un comunicado, el juzgado bilbaino ha emitido recientemente una sentencia en la que reconoce que la hipoacusia que padece la trabajadora es de origen profesional y, por ello, habrá de recibir una indemnización de 1.800 euros que será sufragada por el INSS y por Mutualia, entidad responsable de las contingencias profesionales en la empresa Gastronomía Cantábrica SA, a la que pertenece la trabajadora.

CCOO ha destacado que la sentencia considera probado que la trabajadora «desarrolla su prestación sometida a un nivel diario equivalente de ruido superior a 80 dB», por lo que reconoce la indemnización «en base a lesiones permanentes no invalidantes derivadas de este hecho».

La trabajadora está diagnosticada de hipoacusia neurosensorial bilateral con un baremo 9, lo que «tiene una incidencia clara sobre el nivel de sordera no conversacional en ambos oídos», ha precisado el sindicato.

Vulnerables al ruido

CCOO considera que «las trabajadoras del sector de colectividades son también vulnerables al ruido que se produce en su puesto de trabajo, ruido que puede incluso conllevar pérdida de audición, como en el presente caso».

En este marco, ha exigido a las empresas que evalúen de forma específica y apliquen medidas ante los niveles de ruido presente en comedores escolares, «emplazamientos especialmente susceptibles de que se genere un mayor nivel de ruido».