Ion Salgado

Vecinos de Olarizu anuncian recurso y piden la mediación de la Síndica para frenar el desalojo

Los vecinos y vecinas que residen en los bloques ocupados de Olarizu han anunciado que recurrirán la decisión del Ayuntamiento de Gasteiz, que la semana pasada dio un plazo de ocho días a los residentes para abandonar los inmuebles una vez hayan recogido el aviso de desalojo.

Movilizacón frente a la Casa Consistorial de Gasteiz. (Iñigo URIZ/FOKU)
Movilizacón de los vecinos de Olarizu frente a la Casa Consistorial de Gasteiz. (Iñigo URIZ/FOKU)

Las personas que viven en las viviendas ocupadas de la Avenida de Olarizu, en la zona sur de Gasteiz, integradas en la asociación Okupatu Zure Bizitza, han anunciado que recurrirán la decisión del Ayuntamiento, que el pasado 29 de enero anunció, por boca del alcalde, Gorka Urtaran, que «no va a parar hasta echar a los okupas». El primer edil dio un plazo de ocho días a los residentes para abandonar los inmuebles una vez hayan recogido el aviso de desalojo.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes frente a la casa consistorial, las familias afectadas, arropadas por la iniciativa Derecho a Techo y contra la Exclusión Social, han apuntado que el mismo 29 de enero recibieron la respuesta a las alegaciones presentadas el pasado mes de octubre.

«Todas han sido denegadas porque consideran que es a partir del momento en el que el Ayuntamiento integra las viviendas en su patrimonio cuando nacen las facultades legalmente otorgadas para su defensa y por consiguiente el inicio del cómputo del año que la ley otorga para el ejercicio de la potestad de recuperación de oficio de bienes de naturaleza patrimonial», han manifestado.

Y han advertido de que el Ayuntamiento «intenta aprovechar el cambio de titularidad del inmueble para que legalmente no conste el tiempo que llevamos en estas viviendas que se encuentran dentro de un mínimo de un año y un máximo de siete años, tiempo del que el Ayuntamiento es totalmente conocedor».

«Durante todo ese tiempo hemos trabajado duro para hacer de las viviendas abandonadas de la avenida de Olarizu algo digno para vivir», han añadido, y han aseverado que, a su parecer, «el procedimiento que pretende llevar a cabo –el Ayuntamiento– no se ajusta a la legalidad. Por ello, realizaremos recursos de reposición en el plazo de un mes marcado legalmente».

En este sentido, han denunciado que «resulta totalmente incoherente que se nos marque un plazo de ocho días para abandonar nuestras viviendas, estando en plazo de recurso, por ello, hemos solicitado la intervención de la Síndica para paralizar el desalojo hasta que se resuelva la vía administrativa y judicial».

El albergue municipal, «la única alternativa»

Asimismo, los vecinos afectados han censurado que «las soluciones que ofrecieron desde los Servicios Sociales han sido totalmente inadecuadas y con una temporalidad muy limitada, siendo la única alternativa habitacional ofrecida a las 40 familias que vivimos en Olarizu el albergue municipal en el mejor de los casos».

«Nunca nos hemos negado a pagar un alquiler que se adapte a nuestras condiciones económicas, lo que solicitamos es el realojo en viviendas adecuadas a nuestras necesidades familiares, pagando el precio de alquiler social que corresponda», han añadido, y han señalado que son «víctimas de coacción institucional, despojados vilmente de los servicios municipales de agua y del acceso a la luz».

«Por si fuera poco, hemos sido sancionados tanto por la Policía Municipal como por la Ertzaintza cuando salíamos a por agua, a esta acción el Ayuntamiento la define como medida de seguridad. Llaman medida de seguridad y prevención al vaciado e inhabilitación de los bloques no ocupados dejando nuestras viviendas expuestas al invierno», han apuntado.

Y han destacado que «ahora, nuestros hogares sufren las consecuencias del clima, humedades, frío extremo y además de la debilitación del cimiento provocando grietas que amenazan con el derrumbe los bloques en cualquier momento».

«Estamos inmensamente apenados por estas medidas ‘de seguridad’ que el Ayuntamiento toma contra nosotros, violando las leyes constitucionales y los derechos humanos con la intención de lanzarnos a la calle sin una solución habitacional. Quieren derribar nuestros sueños, nuestras cosas, nuestras ganas y esperanzas de tener un hogar seguro con nuestras familias con el afán de hacer cumplido su sueño de constructor marbellí, usando para ejecutar el derribo dinero destinado a la rehabilitación de viviendas en Vitoria destinadas a alquiler social», han subrayado antes de avanzar que harán «todo cuanto podamos por tener una vivienda digna. No cesaremos ante sus estratégicos ataques, señor Gorka Urtaran».