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640 establecimientos de la CAV pedirán indemnizaciones por vía jurídica

640 comercios y establecimientos hosteleros de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa pedirán indemnizaciones por los perjuicios ocasionados desde la declaración del estado de alarma para frenar la covid-19.

640 comercios y establecimientos hosteleros pedirán indemnizaciones por vía jurídica. (Aritz LOIOLA I FOKU)
640 comercios y establecimientos hosteleros pedirán indemnizaciones por vía jurídica. (Aritz LOIOLA I FOKU)

Euskaldendak, la Confederación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de la CAV, ha anunciado que ya son 640 los establecimientos que pedirán indemnizaciones por los perjuicios ocasionados desde la declaración del estado de alarma para frenar la covid-19.

Esta organización, que cuenta con más de 5.800 establecimientos adheridos, anunció el pasado mes de diciembre su intención de pedir estas indemnizaciones por la vía jurídica.

De momento, se elevan a 640 las adhesiones recibidas tanto de comercios como de establecimientos hosteleros de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Según han explicado, el objetivo es recurrir primero a la vía administrativa ante el Gobierno de Gasteiz, aunque si esta «no da sus frutos» irán a los tribunales.

Euskaldendak se apoya para llevar a cabo su actuación en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, en su artículo 3.2, que establece que «quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes».

Euskaldendak destaca «las fuertes pérdidas económicas» registradas en los sectores citados debido a la suspensión de la actividad o cierre y otras limitaciones, que «no han sido voluntarias para los autónomos y empresas perjudicadas, sino que han sido obligados por el Estado».

Esta confederación trabaja en la elaboración de un informe fundamentado que concrete la cuantía económica de los perjuicios ocasionados en el comercio, hostelería y empresas de servicios para lo cual se encuentra recogiendo datos en los tres territorios. Para evitar la caducidad de las solicitudes recibidas, deberán entragarlas antes del 14 de marzo.