«La investigación abarcará delitos de la competencia de la Corte que presuntamente se han cometido desde el 13 de junio de 2014», ha dicho la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, en un comunicado.

Las pesquisas abarcarán presuntos crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas de Israel, pero también se examinarán acciones de Hamas y de otros grupos armados palestinos, en ambos casos por ataques contra la población civil

Según un informe de la Fiscalía de la CPI, el Ejército de Israel ha cometido algunos de los delitos que van a ser investigados en relación «con el traslado de civiles israelíes» a la Cisjordania ocupada.

Otro de los actos que se nombra en el documento son las grandes Marchas del Retorno sucedidas en la Franja de Gaza a principios de marzo de 2018.

En esas fechas, las fuerzas israelíes utilizaron «medios no letales y letales» contra los palestinos, que tuvieron como consecuencia «la muerte de más de 200 personas, incluidos más de 40 niños, y miles de heridos», se dice en el informe de la Fiscalía.

En el interés de la oficina dirigida por Bensouda también está el lanzamiento de misiles desde Gaza hacia Israel. La Fiscalía recoge los ataques por parte de grupos armados palestinos con «cientos de cohetes y granadas de mortero» entre el 4 y el 6 de mayo de 2019 que ¨mataron al menos a cuatro civiles e hirieron a más de cien».

El documento refleja además la respuesta de Israel, más de cien ataques a objetivos de toda Gaza, supuestamente contra miembros de grupos armados palestinos, pero que también causaron «varias víctimas civiles, incluido menores».

Competencia

La Autoridad Palestina recurrió a la CPI para que determinase si Israel ha cometido crímenes de guerra y la Fiscalía ya había considerado en una primera evaluación que hay indicios suficientes para abrir una investigación formal. Sin embargo, no fue hasta el 5 de febrero cuando los jueces –sin entrar a valorar las acusaciones– aclararon las dudas en materia de competencia.

La Fiscalía, ahora ya con las garantías sobre la jurisdicción de la CPI, ha confirmado el inicio de una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos desde junio de 2014, después de cinco años de pesquisas preliminares. Lo hace prometiendo que examinará el caso de forma «independiente, imparcial y objetiva», en aparente respuesta a las dudas suscitadas en Israel y en otros países como Estados Unidos.

«Las investigaciones llevan tiempo y deben basarse objetivamente en hechos y leyes», ha esgrimido la fiscal Fatou Bensouda, quien ha argumentado que será igual de imparcial que en otros expedientes ya abiertos. «No tenemos más agenda que cumplir los deberes estatutarios recogidos en el Estatuto de Roma», tratado fundacional de la CPI, ha añadido.

Bensouda, que ha pedido colaboración a todas las partes para desarrollar su trabajo, ha esgrimido que, al igual que en su día descartó examinar el asalto israelí al barco ‘Mavi Marmara’ de la Flotilla de la Libertad en 2010, en el caso presentado por la Autoridad Palestina se plantean indicios «razonables» sobre situaciones que sí podrían ser valorados por la corte internacional.

«No es una panacea»

En este sentido, ha pedido «paciencia» y ha recordado a las víctimas que «la CPI no es una panacea», entre otras razones porque centra su atención en los abusos «más notorios» o en «los principales responsables por la comisión de los crímenes». «Nuestra preocupación principal serán las víctimas de los crímenes, tanto palestinas como israelíes», ha apostillado.

Bensouda también ha dicho que las prioridades en la investigación «se determinarán a su debido tiempo», debido a «los desafíos operativos que enfrentamos debido a la pandemia, los recursos limitados que tenemos disponibles para nosotros y nuestra gran carga de trabajo actual».

Las pesquisas, no obstante, ya no recaerán tanto en Bensouda, sino en su sucesor, el abogado británico Karim Khan, que asumirá el cargo de fiscal jefe de la CPI a partir de mediados de junio.

La ANP, satisfecha, pide celeridad

La Autoridad Palestina (ANP) ha acogido «con satisfacción» el anuncio de la Fiscalía de abrir una investigación. «Este es un paso largamente esperado que sirve a la búsqueda incansable de justicia y rendición de cuentas», un «pilar indispensable para la paz que el pueblo palestino busca y merece», ha valorado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

La ANP ha asegurado que «los crímenes cometidos por funcionarios de la potencia ocupante (Israel) contra el pueblo palestino son continuos, sistemáticos y generalizados», y ha pedido que la investigación se realice con «urgencia» para que pueda concluir «rápidamente».

Asimismo, dice «estar dispuesta a cooperar y brindar toda la asistencia a la Fiscalía y la Corte» durante las pesquisas.

El gabinete que encabeza Mahmud Abbas ha llamado a no politizar la decisión conocida este miércoles y a garantizar que la Fiscalía de la CPI trabaja libre de coacciones o amenazas, al tiempo que ha deslizado que el Gobierno israelí debe proporcionar la asistencia que sea necesaria.

«Puro antisemitismo»

Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya ha dejado claro que, para él, toda esta investigación es «puro antisemitismo». «Se ha decidido que nuestros valientes soldados que luchan contra los crueles terroristas son en realidad los terroristas», ha lamentado, según ‘The Jerusalem Post’.

El mandatario israelí ha lamentado también que «construir una casa en la capital eterna, Jerusalén, sea un crimen de guerra», en aparente alusión a la incesante ocupación de los territorios palestinos por parte del Estado hebreo.

Palestina, gracias a su condición de Estado observador de la ONU, ratificó en enero de 2015 el Estatuto de Roma, abriendo la puerta a que la Fiscalía del tribunal internacional iniciase una investigación.

Israel en cambio no forma parte de la corte, pues no acepta su legitimidad, y se ha opuesto en todo momento al inicio de las pesquisas.

En unas vistas orales celebradas en febrero de 2020, países aliados de Israel como Alemania, Australia, Hungría o la República Checa defendieron que el tribunal no debería iniciar una investigación en Palestina porque no tendría que ser considerada un Estado Parte de la CPI.

No obstante, los jueces dijeron, en una decisión dada a conocer el pasado 5 de febrero, que «independientemente de la condición de Palestina en virtud del derecho internacional general, su adhesión al Estatuto de Roma siguió el procedimiento correcto y ordinario», lo que allanó el camino a la investigación anunciada este miércoles por la Fiscalía.