En la declaración aprobada en el pleno de Iruñea, se condena la tortura «como ejercicio de una violencia legítima y una vulneración de los derechos humanos» y se pide al Gobierno español «la desclasificación total de todo lo relacionado» con el caso de Mikel Zabalza.

Se insta asimismo al Gobierno de Nafarroa a que «avance en el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas, como Mikel Zabalza, con el desarrollo de la Ley Foral de 2019 de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos».

A la declaración se ha añadido un cuarto punto, a instancias de Navarra Suma, que recoge el texto aprobado por unanimidad el pasado lunes en el Parlamento foral en el que se exige que se investigue la muerte de Zabalza en 1985 tras su detención por parte de la Guardia Civil y posterior traslado al cuartel de Intxaurrondo.

Todos los puntos se han aprobado por unanimidad, a excepción del relativo a la ley foral de 2019, que ha sido rechazado por Navarra Suma.

Patxi Leuza, portavoz de Geroa Bai, ha destacado que la grabación hecha pública entre el entonces director del CESID Juan Alberto Perote y el capitán Pedro Gómez Nieto, en la que se muestran convencidos de que Zabalza murió torturado, «pueden ser un elemento clave en el caso».

Leuza ha destacado que, 35 años después de la muerte de Zabalza, «la familia sigue sin tener un reconocimiento oficial y nadie ha sido condenado ni juzgado». Ha resaltado en este sentido que «la impunidad por esta muerte no puede continuar».

El portavoz ha calificado de «rocambolesca, imposible de creer» la versión oficial de que Zabalza se ahogó en el río al tratar de escapar y ha considerado que la familia «necesita verdad y reparación» y la ciudadanía, ha dicho, merece que se desclasifique el expediente de este y otros casos similares.

Joseba Asiron, de EH Bildu, ha recordado que Mikel Zabalza fue detenido junto a otras personas que posteriormente fueron puestas en libertad sin cargos y todas ellas declararon haber sido torturadas. Desde el primer momento, ha apuntado, «se supo de manera bastante clara lo que pudo ocurrir», por lo que «lo realmente novedoso» es la aparición de una prueba que indica a su juicio la dirección en la que debe ir la investigación.

Asiron ha apostado por «trabajar por un verdadero reconocimiento a todas las víctimas».

Por Navarra Suma, Ana Elizalde ha defendido el texto aprobado recientemente en el Parlamento de Nafarroa sobre el caso Zabalza, pero ha rechazado que en el Ayuntamiento de Iruñea se incluyan «de rondón», cuestiones como el apoyo a la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política, que su grupo no respalda.

Elizalde ha considerado que «estamos juzgando cuestiones que tenemos que dejar a los tribunales», porque «si no cada uno hará la lectura sesgada de sus propios intereses» y ha apoyado que se investigue el caso, pero ha añadido que eso «no quita la gran labor que hizo la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo».

La portavoz del PSN, Maite Esporrín, ha afirmado que en el Estado español ha habido «terrorismo, guerra sucia y tortura», «todos ellos actos inaceptables que rechazamos y condenamos». Aunque el comportamiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado ha sido, a su juicio, «ejemplar», ha admitido que también ha habido «torturas y guerra sucia».

También ha resaltado «toda muerte violenta merece verdad, justicia y reparación, pero para todas las personas».