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¿AstraZeneca voluntaria con consentimiento informado? No... de momento

El Gobierno español valorará la posibilidad de que la vacuna de AstraZeneca sea aplicada a quien quiera por debajo de 60 años con el consentimiento informado correspondiente. No hay un no tajante a esta propuesta, mientras siguen los dimes y diretes sobre el nivel de riesgos secundarios que tiene.

Vacunación con AstraZeneca en Iruñea, en el antiguo colegio Maristas. (Iñigo URIZ | FOKU)
Vacunación con AstraZeneca en Iruñea, en el antiguo colegio Maristas. (Iñigo URIZ | FOKU)

En la Interterritorial de Salud celebrada este miércoles, el Gobierno español ha recibido la petición de la Comunidad de Madrid de hacer voluntaria la vacuna AstraZeneca para menores de 60 años. Es un asunto que estudiará, ha dicho la ministra Carolina Darias, la ponencia de vacunas y, posteriormente, la Comisión de Salud Pública.

Por lo tanto, no hay un no rotundo a esta opción que se basaría en el consentimiento informado. Es decir, como ocurre con intervenciones quirúrgicas o incluso con medicamentos, se informaría a la persona a vacunar de los riesgos que conlleva el antídoto y se solicitaría así su aval expreso para poder inyectarla.

El tema queda pospuesto, por tanto, en un contexto marcado por la continua evaluación de esta vacuna sobre los riesgos secundarios de provocar trombos, que por el momento la Agencia Europea del Medicamento cifra en torno a un caso entre cada 100.000.

La EMA se ha reafirmado este miércoles en que los beneficios generales de este suero «continúan superando los riesgos en las personas que se vacunen». No obstante, Dinamarca, que fue la primera en parar esta vacuna, ha desestimado ya su uso aparentemente con carácter definitivo.

Y mientras, en Euskal Herria se aplicará únicamente a personas de entre 60 y 69 años según el criterio marcado por el Estado. En la actualidad en la CAV no se está inyectando por otro motivo: no hay dosis disponibles. Y en un limbo han quedado las personas que han recibido la primera dosis y estaban a la espera de la segunda, que en el Estado francés se sustituirá por otro producto. Las autoridades españolas y vascas sostienen que hay tiempo para resolver esta incógnita.