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Gasteiz

Denuncian al Ayuntamiento de Gasteiz ante el derribo de 124 viviendas en Olarizu

La plataforma Benetako Green considera que la prevista demolición de las viviendas de la Avenida de Olarizu, sin una previa modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Gasteiz, podría constituir un delito de prevaricación.

Las viviendas de la Avenida de Olarizu que podrían ser demolidas por el Ayuntamiento.
Las viviendas de la Avenida de Olarizu que podrían ser demolidas por el Ayuntamiento.

Benetako Green ha señalado que los bloques de viviendas deshabitadas de Olarizu –en algunas de las cuales al parecer hay gente que vive de forma ilegal– son «acordes» a la ordenación del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Gasteiz y «no son susceptibles de ser declaradas en situación legal de ruina».

Y ha resaltado que que no se ha aprobado ninguna modificación del Plan General «que permita el derribo y la reordenación» del espacio que ocupan estos 124 pisos.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía contra el Ayuntamiento, se advierte de que la demolición de estos edificios sin esperar a una modificación del PGOU «no sería conforme a derecho».

«Estaríamos ante una vía de hecho de la Administración municipal, con la apariencia formal proyecto de demolición, pero sin cobertura legal», sostiene Benetako Green.

Perjuicio para el patrimonio municipal

Es más, este colectivo considera que la demolición de estas viviendas «sin una situación legal de ruina» causaría «un perjuicio irreparable para el patrimonio municipal». Y subraya que tal medida «sería calificable de decisión arbitraria, desproporcionada y lesiva a los intereses públicos».

A su juicio, el derribo en las actuales circunstancias «desbordaría el mero ilícito administrativo» y podría ser calificado por los tribunales como «un delito de prevaricación», en el que podrían incurrir tanto los funcionarios en la emisión de los informes relativos al expediente de demolición, como la autoridad que lo autorizase o votase.

Esta denuncia se añade a otra presentada por Benetako Green el 29 de marzo ante el «incumplimiento» por parte del Ayuntamiento de su «obligación de conservación» del bien público que constituyen estos pisos.