El Gobierno de Pedro Sánchez baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la Red de Carreteras del Estado (RCE), como respuesta a los dos principios en los que basará su política en esta materia: «quien contamina paga» y «el que usa paga».

Hasta ese momento, el Ejecutivo español prevé llevar a cabo una campaña de «concienciación y sensibilización» sobre los transportistas y la población en general, en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, tal como se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la Comisión Europea.

Como se ha dado a conocer este miércoles, Madrid cree que el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel estatal es de entre dos y tres años.

No obstante, el Ejecutivo insiste en que buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad.

Las autovías vascas no son competencia del Estado

Precisamente, las autovías de Hego Euskal Herria quedan fuera de la RCE, como se puede comprobar repasando el ‘Catálogo Oficial de Carreteras’, que comienza por la A-1, denominada Autovía del Norte, cuyo itinerario es «Madrid-Límite proncial Burgos-Álava».

Lo mismo ocurre con la A-12, Autovía del Camino de Santiago, que solo señala «Burgos-Logroño» porque después «sigue hasta Pamplona por la red de Navarra».

Para la A-15, oficialmente Autovía de Navarra, la RCE solo contempla el tramo «Medinaceli-Soria-Tudela», dejando fuera el que discurre entre Irurtzun y Andoain.

En Gipuzkoa ya está en marcha

La estrategia que asume el Gobierno español ya tiene antecedentes en territorio vasco, adonde ha llegado de la mano de la Diputación de Gipuzkoa bajo gobierno del PNV.

Pero, hasta el momento, el Gobierno foral que preside Markel Olano no ha optado por la vía del consenso, ni con el resto de grupos políticos ni con las organizaciones de transportistas.

Es más, ni siquiera cuenta con el correspondiente aval judicial, como quedó patente el pasado mes de marzo, cuando el Tribunal Supremo español ratificó el fallo del Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anulaba la norma foral de 2016 que impuso peajes a los camiones en la A-1 y la A-15.

La Diputación de Gipuzkoa intenta saltarse esos límites legales publicando nuevas normas forales que, en la práctica, solo cambian el periodo de vigencia del canon.

Pero ahora tendrá que hacer frente a las reclamaciones impulsadas por asociaciones de transportistas, que calculan que tienen derecho a que se les devuelvan hasta 15 millones de euros por los peajes cobrados indebidamente.

Y el Gabinete de Olano ya ha anunciado que en 2022 entará en vigor el canon de la A-636, entre Beasain y Bergara.

De la ecología al gasto en mantenimiento

Volviendo al proyecto estatal, en lo referente a los camiones y resto de vehículos pesados, el texto enviado a Bruselas señala que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte.

El Gobierno de Sánchez justifica esta medida apelando, entre otros factores, a la minorización de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficiencia del transporte algunos de ellos.

Pero la principal razón esgrimida es el abultado déficit que arrastra la conservación de las carreteras: «Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios».

El coste medio por kilómetro

Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos por kilómentro de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras.

La implantación de un peaje medio de 4 céntimos por kilómetro supondría un pago de 9 euros para ir desde Madrid a Burgos por la A-1; de 12 euros para viajar entre la capital española y Zaragoza; de unos 14 euros para ir hasta Valencia; o de 22 euros hasta A Coruña.

Aunque las autopistas tienen características diferentes a las autovías, una referencia a tomar en cuenta es el coste por kilómetro de la A-68, entre Bilbo y Zaragoza, que llega a los 10 céntimos para vehículos ligeros y a los 20 céntimos para los pesados de tipo 1.