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Donostia

Olano defiende que la política de peajes de Gipuzkoa responde a «la lógica europea»

Tras recordar que «las autovías y las autopistas en general en el territorio de Gipuzkoa son de pago, sobre todo para el transporte pesado», el diputado general, Markel Olano, ha señalado que confía en que el Gobierno español siga la misma línea. La propuesta ha avivado el debate en el Estado.

Arco de peaje en la N-1 en Andoain. (Jon URBE/FOKU)
Arco de peaje en la N-I en Andoain. (Jon URBE/FOKU)

Al hilo de la propuesta del Gobierno español para la implantación generalizada de peajes en autovías, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha recordado este jueves que este territorio foral ya responde a esa «lógica europea».

Además, ha incidido en que, si las vías de alta capacidad no se financian mediante peajes, lo harán «mediante impuestos y eso generará, evidentemente, una carga muy importante para la Administración».

A su juicio, en el Estado español se ha dado «una visión absolutamente contradictoria porque, al acabarse las concesiones, ha abierto las autopistas y las ha dejado sin ningún tipo de peaje». Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la A-1 entre Armiñón (Araba) y Burgos capital.

Por ello, ha considerado que «el hecho de que cambien esa visión, en principio, sí se alinea con la visión de la Diputación Foral de Gipuzkoa, pero ya veremos».

A pesar de las sentencias en contra

Olano ha resaltado que su Gobierno «ha tenido siempre muy claro que se alinea con la visión de la Comisión Europea y las autoridades europeas que marca aquel criterio de que el que utiliza las carreteras paga».

«En este caso nosotros somos coherentes con esa visión europea, la aplicamos», ha añadido, al tiempo que ha admitido que la institución foral tiene «una dificultad en la N-I en la implantación porque hemos tenido sentencias en contra».

«Pero la visión de la Diputación es la de que todos los gastos unidos a las autopistas y a las autovías que tienen que ver con el uso, la ampliación, la mejora y también el mantenimiento de las mismas, no resida en los recursos generados por los ciudadanos a través de los impuestos, sino que sean los propios usuarios de las carreteras los que los sufraguen», ha insistido.

El diputado general ha dicho que confía en que «esa lógica europea se extienda a nuestro alrededor».

Incertidumbre entre las asociaciones de transportistas

Por otro lado, la iniciativa del Gobierno español –que se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas– ya se ha encontrado con el rechazo de algunas asociaciones de transportistas. que la han calificado como «injusta», «peligrosa para la economía española» o «poco positiva en materia de seguridad vial».

«Nos encontramos ante una situación de incertidumbre», ha resaltado el secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Dulsé Díaz, que ha recordado que en julio de 2020 el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, firmó un acuerdo con representantes del sector en el que se comprometía a no aplicar peajes sin establecer previamente consensos con el sector del transporte.

Díaz, además, ha comentado que esto podría suponer «un gran impacto en la línea de flotación» de la economía española, fundamentalmente en el ámbito de los intercambios comerciales.

«España está muy lejos de Europa y los productos que exportamos son, en su mayoría, de bajo valor añadido. Este sobrecoste podría hacer que nuestros productos pierdan competitividad en Europa», ha advertido Díaz.

De la misma opinión es el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), Juan José Gil, que ha pedido «abrir un debate» a la Administración y la aplicación de medidas que eximan a los transportistas de abonar esta tasa.

Fenadismer ha sido una de las asociaciones que han recurrido el canon impuesto a camiones en la A-1 y la A-15 en Gipuzkoa, animando a los transportistas a reclamar la devolución de los peajes pagados tras la sentencia del Tribunal Supremo español.

Matizaciones del Gobierno español

Tras la noticia difundida la víspera, este jueves el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha dedicado a matizar las primeras informaciones. Así, la ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que la fecha de 2024 para implantar peajes en todas las autovías «puede ser orientativa» y que, en todo caso, dependerá de la recuperación tanto económica como de los niveles de crecimiento del PIB anteriores a la pandemia.

Montero ha puntualizado que es una medida en la que se está «estudiando» dentro de un «proyecto integral» que permita «una movilidad sostenible» y que los ciudadanos se puedan desplazar, sin usar su coche, «con un transporte del siglo XXI».

Ha asegurado que se está trabajando en esa reforma «con diálogo y consenso» por parte del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dentro de un «paquete» que permita «homologar el mantenimiento de las carreteras en España a lo que ocurre en los países vecinos».

Por su parte, fuentes de Unidas Podemos –socio del PSOE en el Gabinete de Pedro Sánchez– ha mostrado su oposición a estos peajes al entender que sería un «impuesto a las clases medias».