Una política penitenciaria «más humana» y que sea «un activo para la normalización política». En esos términos se ha expresado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno de Lakua, Beatriz Artolazabal, para explicar cómo quiere que sea el modelo penitenciario a desarrollar por el Ejecutivo de Urkullu.

La consejera ha realizado estas declaraciones en la inauguración en Gasteiz de una jornada sobre el modelo penitenciario de la CAV en la que también ha participado el asesor en la materia del Gobierno de Lakua, el juez Jaime Tapia.

Artolazabal ha destacado que en la CAV «la política penitenciaria tiene que ser un activo para la convivencia y la normalización política sobre la base del reconocimiento de las víctimas y la defensa de sus derechos; la autocrítica de los victimarios de la ‘sinrazón política’, democrática y ética del ejercicio de la violencia" y la exploración del potencial de la vía restaurativa».

Ha explicado que el modelo penitenciario que quiere desarrollar no requiere de cambios legislativos, sino de «una interpretación progresista y resocializadora», «más humana», y donde resarcir el daño provocado a la víctima es prioritario y la justicia restaurativa relevante.

Ha destacado que el Gobierno de Lakua ha elaborado un documento con las bases de ese modelo que, entre otras cuestiones, aboga por favorecer la reinserción de reclusos mediante formación y trabajo penitenciario orientado a una posterior inserción laboral, y por priorizar «en la medida de lo posible» las condenas en régimen abierto por traducirse en una menor reincidencia.

Por su parte, el juez Jaime Tapia ha realizado durante la inauguración un repaso de ese documento. En su primera aparición pública desde que fue nombrado para asesorar el Ejecutivo de la CAV en esta materia, el magistrado ha defendido la importancia de incrementar los regímenes de semilibertad, los diferentes tipos de terceros grados y la libertad condicional.

Ha argumentado que se ha demostrado que tales regímenes logran más éxito en la inclusión social de las personas privadas de libertad.

También ha reivindicado el derecho a la verdad, justicia, memoria, reparación y solidaridad de las víctimas de los delito.

Ha asegurado que un objetivo fundamental es la protección de esos derechos y la atención de sus necesidades y ha defendido la justicia restaurativa tras la sentencia como la vía más favorable para tal fin.

Ha resumido las línea de actuación a abordar en las cárceles de la CAV: la perspectiva de género, la situación de la salud mental y los presos con enfermedades graves, y las condenas de larga duración como «un reto» para la reinserción posterior, entre otras.

Finalmente ha destacado que el hecho de que la competencia de prisiones esté atribuida a la consejería de Políticas Sociales apunta hacia dónde se quiere avanzar.

Alrededor de una veintena de asociaciones del tercer sector social que trabajan en las cárceles vacas, así como sus directores participan en esta jornada técnica con la que el Gobierno de Lakua va a pulsar la opinión y recoger aportaciones.