La sección 3 de la Audiencia de Barcelona ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por Irídia (Centro para la Defensa de los Derechos Humanos) –en representación de cuatro lesionados durante la jornada– contra la decisión del juez instructor, que se opuso a investigarlos.

El tribunal argumenta que estos dos policías tenían «un grado de autonomía amplio» en el operativo y eran responsables del grupo que actuó en el instituto, por lo que podrían ser responsables de las lesiones que causaron sus subordinados.

En concreto, se investiga la actuación en las escaleras de entrada al instituto, donde había decenas de personas sentadas y que según afirmar los jueces tras estudiar las imágenes «fue en muchos casos desproporcionada».

Los magistrados recuerdan que «obviamente, el diseño de la ejecución concreta de esta operación policial corresponde a los jefes de grupo», los dos policías ahora citados como investigados, que como muestran los vídeos de la causa estuvieron presentes durante las cargas.

«La actuación policial que observamos en muchos casos resulta, indiciariamente, desproporcionada, innecesaria e injustificada», valoran los jueces tras revisar las imágenes, y señalan que algunos agentes dieron bofetadas a manifestantes.

Entre las acciones de los policías también resaltan «tirar en volandas a las personas por las escaleras, coger del pelo a mujeres y arrastrarlas, lanzar a la calle bolsos y efectos personales de la gente, incluso uno de ellos llega a pisotear a las personas».

Voto particular

El auto incluye el voto particular de un magistrado, que sostiene que no debería citarse a los policías porque en la instrucción ya se ha acreditado que «no es necesaria una orden expresa» para que los agentes usen la porra.

Además argumenta que la actuación de cada agente es «absolutamente distinta y no parece responder a unas pautas de actuación u órdenes concretas», y considera que la mayoría se ajustaron a los criterios y algunos incluso actuaron, en sus palabras, de manera sumamente cautelosa.

En mayo, la Audiencia de Barcelona rechazó un recurso de diez acusaciones particulares que pedían investigar a los altos mandos de la Policía española en Catalunya por las cargas del 1-O, al considerar que «no hay ningún indicio de la existencia de una instrucción concreta de actuar el 1 de octubre de 2017 con contundencia o usar una mayor violencia que la imprescindible».