El PP y Vox han registrado sendas enmiendas de totalidad en el Congreso español pidiendo devolver al Gobierno el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución que ha impulsado el Ejecutivo para acabar con el término «disminuido», un rechazo que amenaza la aprobación de este cambio en la Carta Magna ya que se necesita un respaldo mínimo de tres quintos de la Cámara.

La reforma constitucional impulsada por la Vicepresidencia de Carmen Calvo propone un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones para 2019. El consenso parecía claro hasta que han salido a escena los fantasmas de la derecha.

Este texto, además del cambio del término «disminuido», propone destacar «los derechos y deberes previstos» en la Carta Magna «en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva» para este colectivo, sin que «pueda producirse discriminación». Y encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de «políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad».

La reforma se enfrenta ahora a su primer tramite parlamentario, el debate de totalidad, y tanto el PP como Vox apuestan por tumbarla en el Pleno del Congreso y devolver el texto al Gobierno. El PSOE y Unidas Podemos no deberían tener problemas para superar esa votación, pero el rechazo de esos dos partidos, que suman 140 diputados, amenaza la aprobación final de la reforma, que requiere el voto a favor de los otros 210 miembros de la Cámara, sin que falte ninguno.

En su enmienda de totalidad, recogida por Europa Press, Vox pide la retirada de la reforma alegando que la redacción planteada por el Gobierno «no es adecuada a los fines que persigue, habiendo sido declarada como 'perturbadora' por el propio Consejo de Estado, y carece de la calidad necesaria para ser incluida como artículo de la Carta Magna».

Pero el PP va más al fondo: argumenta que reformar la Constitución siempre exige «espíritu de sosiego y de pacto político, justamente dos elementos de los que en este momento de gravísima crisis económica y social se carecen». «Con estas premisas, la aspiración de proceder a una remodelación de la Carta Magna a día de hoy es imposible», avisa.

«Esto no abre ningún melón»

Cuando presentó la reforma ante el Congreso, la vicepresidenta primera del Gobierno quiso dejar claro que no iba a suponer la apertura de un proceso constituyente, ni «abre ningún melón» para tratar otros asuntos.

«No es en lo que estamos, no es en lo que está el Gobierno ni de lejos», afirmó, tras plantear algún grupo parlamentario, como ERC, la necesidad de llevar a cabo otras reformas de mayor calado, y alertar el PNV de que el debate de esta norma podrá ser usado para ponerlos sobre la mesa. Esta misma semana además, en un debate sobre autogobierno con Mertxe Aizpurua (EH Bildu), el ministro Miquel Iceta ha marcado un horizonte de «deseable reforma» en clave «federal».