Activistas de Berri Otxoak han representado el «entierro de los derechos sociales» ante la oficina de Lanbide en el barrio barakaldés de Beurko para visibilizar «los recortes, las demoras, la burocracia y las trabas de acceso» que sufren las familias solicitantes del Ingreso Mínimo Vital en la CAV.

Según han denunciado, «otra nueva traba, llevada a cabo recientemente por Lanbide, ha consistido en eliminar de su página web la posibilidad de realizar telemáticamente la solicitud del IMV, lo que conlleva aún más dificultades en el acceso a esta prestación social».

Desde Berri Otxoak han recordado que el plazo de solicitudes se inició el 15 de junio de 2020 y el plazo máximo para ser resueltas se demoró de los tres a los seis meses, «pero pasado un año cientos de expedientes de familias desempleadas, con empleos precarios en el sector servicios, con pensiones mínimas e incluso usuarias de entidades benéficas y comedores sociales en Euskadi, siguen aún sin resolverse, impidiéndoles llegar mínimamente a fin de mes o cubrir sus necesidades básicas».

«Hasta inicios del mes de febrero Lanbide ha estado derivando a la Seguridad Social a las personas solicitantes del IMV y ha actuado de mala fe negando la ayuda a las que solicitaron la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por no haber solicitado previamente el IMV: una prestación que la entidad conocía y que aunque alegue lo contrario, tenía el poder de tramitar desde junio del pasado año», ha criticado la plataforma.

«Dejen de banalizar esto»

Berri Otxoak ha denunciado los recortes que sufren las familias solicitantes al no ser considerada su situación económica actual, «pues es el promedio de ingresos y rentas del año anterior a la solicitud lo que se evalúa, coincidente con el periodo anterior al estallido de la actual situación de pandemia y emergencia social, por lo que la prestación no está destinada a paliar las situaciones de pobreza real que sufre la población en el presente».

Asimismo, ha exigido tanto a los gobiernos de Gasteiz y Madrid que dejen de «banalizar» las situaciones de pobreza que está sufriendo la población y que pongan todas los medios a su alcance para agilizar la concesión de esta prestación y que prioricen la cobertura de las necesidades básicas de toda familia que lo necesite, «ya que esta situación no viene dada por una falta de recursos a destinar a las familias, si no por una falta de interés en las personas que sufren situaciones de pobreza».