El déficit en el castigo a agresiones sexuales en Inglaterra y Gales ha sido reconocido este viernes por la ministra británica del Interior, Priti Patel, y el titular de Justicia, Robert Buckland, en una carta que precede a un informe del Ejecutivo conservador que señala una caída del 47% en las condenas por violencia sexual en adultos en los últimos cinco años.

Según el estudio, el sistema británico defrauda cada año a «decenas de miles» de víctimas de violación, que «no reciben la justicia que merecen» debido a las trabas que encuentran a la hora de denunciar su caso ante los tribunales.

«Lo primero que debo decir es 'lo siento', no basta con esto, debemos hacerlo mucho mejor», dijo a la cadena BBC Robert Buckland.

La investigación estima que cada año unas 128.000 personas, la mayoría mujeres, son víctimas de violencia sexual, de las cuales 43.000 reportan el crimen a la Policía y solo unas 2.000 logran que se condene al agresor, lo que representa un 1,6% del total de casos.

«No estamos dispuestos a aceptar que la violación sea un delito 'demasiado difícil' de enjuiciar. Podemos, y debemos, hacerlo mejor», han indicado en la misiva los ministros británicos de Justicia y de Interior.

El informe señala que, dado que la mayoría de los casos de violación son cometidos por un conocido de la víctima, las investigaciones tras el crimen son «muy personales e intrusivas» y la mitad de las personas que denuncian ante la Policía acaban abandonando su propio caso.

Incidir en los sospechosos

Ante esta «preocupante» situación, el Gobierno británico se compromete a incrementar las condenas por violación a través de «medidas radicales», como directivas para garantizar que la Policía solo pida a las víctimas datos «necesarios y proporcionados» para seguir el caso.

Además, el Ejecutivo dice que trabajará para que las investigaciones se centren en analizar el comportamiento de los sospechosos, en lugar de la credibilidad de las víctimas, y permitirá a más denunciantes declarar en vídeo para evitar que asistan a juicio en un tribunal.

«Creo firmemente en el derecho de todo acusado a un juicio justo y ninguna de estas medidas lo ponen en riesgo», remarca en el informe Emily Hunt, asesora independiente del estudio y superviviente de violencia sexual.