Los secretarios generales de ELA, Mitxel Lakuntza; la CIG, Paulo Carril, e Intersindical de Catalunya, Sergi Perelló, han encabezado la concentración que sus centrales han realizado ante la sede del Ministerio español de Trabajo para exigir la derogación de las reformas laborales y denunciar la negativa de la titular, Yolanda Diaz, a recibirlos.

Las organizaciones sindicales habían decidido llevar su protesta a Madrid ante el inmovilismo del Ministerio. «Ha pasado ya año y medio desde que se conformase el Gobierno del Estado. Hemos visto cómo se aprobaban los Presupuestos Generales del Estado o la tramitación para los fondos europeos, y sin embargo, la derogación de las reformas laborales sigue bloqueada», ha denunciado Lakuntza.

Una derogación que Lakuntza, Carril y Perelló consideran imprescindible para impedir los despidos colectivos, que ya se están produciendo sin que las empresas precisen de autorización administrativa alguna.

En este sentido, el secretario general de ELA ha asegurado que «no se puede permitir que las empresas con beneficios sigan despidiendo impunemente. Las reformas laborales han fracasado, solo han traído devaluación salarial y precariedad».

Dicha derogación deberá contar, también, con el apoyo de los grupos políticos que han venido sosteniendo al Gobierno de Sánchez y de los partidos soberanistas de Euskal Herria, Galiza y Catalunya.

Por ese motivo, ELA, CIG e Intersindical les interpelan para que ejerzan una labor activa en defensa de la clase trabajadora. «Que den un puñetazo en la mesa», ha exigido el secretario general de ELA, quien ha añadido que «si se va a Madrid tiene que ser para apretar, para situar en este momento las condiciones laborales como una prioridad».

Los secretarios generales han alertado del peligro de que, una vez que se ponga fin a los ERTE, estos se conviertan en ERE aprovechando la legislación laboral en vigor, y han responsabilizado de cada uno de los despidos actuales o de los que se puedan producir tanto a la ministra de Trabajo como al Gobierno de Sánchez en su conjunto.

Un marco «estéril y perjudicial»

En relación al diálogo y la concertación social, han considerado que «no es la vía para solucionar la grave situación que vivimos». Han denunciado su carácter «antidemocrático» y han alertado de que lo que pretende es «la domesticación y desmovilización de la clase trabajadora».

Además, han alertado de que «ese pretendido consenso otorga derecho de veto a la patronal a la hora de derogar las reformas laborales, lo que convierte al diálogo social en un marco estéril y perjudicial para la clase trabajadora».

Según Lakuntza, «el mal llamado diálogo social es una coartada para no acometer los cambios necesarios. Un auténtico freno en el que la patronal tiene derecho de veto. Es una evidencia que las medidas para mejorar las condiciones laborales y de pensiones no van a venir de estas mesas». Por ello, «no aceptar el veto de la patronal es un requisito imprescindible para avanzar», ha afirmado.

Junto a esto, los líderes sindicales han reclamado el derecho a decidir en sus respectivos territorios el modelo de relaciones laborales, pensiones y protección social «para mejorar las condiciones salariales y las condiciones de trabajo».

Por ello, han rechazado el actual modelo de estatalización de la negociación colectiva, «que impone desde Madrid unas condiciones muy precarias sin respetar las mayorías sindicales de Euskal Herria, Galizia y Catalunya». Un modelo que, según han denunciado, ha provocado «una mayor precarización y empobrecimiento de la clase trabajadora, al dar prioridad a los convenios estatales» sobre los provinciales y deteriorar los convenios sectoriales y de empresa. «Se trata de democracia y de respeto a lo que las trabajadoras y trabajadores de nuestros países deciden», ha defendido Lakuntza.

Lakuntza, Carril y Perelló han demandado también una agenda social para que, entre otras cuestiones, se articule «un sistema de protección social fuerte (con refuerzo del sistema público de pensiones), una fiscalidad progresiva y un tejido productivo sostenible, con salarios y condiciones laborales dignas». Cuestiones que han considerado urgentes en un momento como el actual en el que, por causa de la pandemia, «se ha producido un aún mayor empobrecimiento de la clase trabajadora».